La expropiación de la Casa Mallén se dispara hasta los 725.000 euros
Patrimonio
Urbanismo acata un fallo del Supremo que eleva el coste de la operación en casi 50.000 euros por los intereses debido al retraso de los pagos al Estado tras tres décadas de litigios
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El precio de la expropiación de la Casa Mallén se dispara. La Gerencia de Urbanismo abonará al Estado 49.566 euros en intereses de demora como consecuencia de la apropiación forzosa del histórico inmueble enclavado en el barrio de Nervión. Tejado y fachada en mal estado, diversas pintadas, contraventanas y carpinterías muy deterioradas, humedad, vegetación sin control y podio de acceso con destrozos. Estas son las principales patologías que presenta una joya de estilo victoriano que lleva décadas abandonada.
El gobierno de José Luis Sanz ha acatado un nuevo fallo judicial por el retraso en el pago del justiprecio del terreno, fijado en su día en 676.116 euros. Dichos intereses fueron calculados por los servicios jurídicos municipales hasta el pasado 28 de febrero, fecha estimada para su abono efectivo, aunque podrían ser objeto de reajuste si el pago se produce en una fecha posterior.
El origen de este procedimiento se encuentra en el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla el 25 de junio de 1998, cuando se declaró la necesidad de ocupación de varios bienes y derechos calificados como Servicio de Interés Público y Social (SIPS) en el planeamiento urbano. Entre ellos se encontraba la parcela situada en la calle Mallén, cuya titularidad se encontraba entonces en disputa entre la Administración General del Estado y la Junta de Andalucía. La complejidad jurídica del expediente y las discrepancias sobre la titularidad registral del suelo prolongaron durante años la resolución definitiva del proceso expropiatorio. Finalmente, el Ayuntamiento procedió al pago efectivo del justiprecio el 15 de junio de 2015, después de haberse formalizado el acta de pago y ocupación de la finca en diciembre de 2013.
Tejado y fachada en mal estado y escalera de entrada destrozada, entre las patologías
Sin embargo, el Estado reclamó posteriormente el abono de intereses por el retraso en el pago del justiprecio. Esta reclamación derivó en un procedimiento Contencioso-Administrativo que fue resuelto en primera instancia en diciembre de 2020. Posteriormente, el litigio continuó en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que dictó una sentencia en diciembre de 2024 estimando parcialmente las pretensiones de la administración estatal.
La resolución judicial estableció que la administración expropiante debía abonar los intereses legales correspondientes al periodo comprendido entre el 12 de diciembre de 2013, fecha del acta de pago y ocupación, y el 15 de junio de 2015, cuando se efectuó el pago del justiprecio. Asimismo, el tribunal determinó que también debían abonarse los intereses generados sobre esa cantidad desde el día siguiente al pago hasta la fecha en que se haga efectiva la liquidación. Ante esta situación, Urbanismo acordó en febrero de 2025 preparar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo con el objetivo de revertir la sentencia. Sin embargo, el alto tribunal decidió inadmitir a trámite dicho recurso en diciembre de ese mismo año, lo que dejó firme la resolución judicial que obliga al Consistorio a asumir el pago de los intereses reclamados.
Tras esta decisión, los servicios jurídicos municipales han elaborado un informe de liquidación de intereses en el que se calcula la cantidad total a abonar en 49.566 euros. Este importe corresponde a los intereses generados por el retraso en el pago del justiprecio y por los intereses posteriores acumulados hasta la fecha estimada de pago.
La degradación del histórico edificio del barrio de La Calzada llama la atención de los viandantes. El inmueble fue diseñado en 1913 por el arquitecto Aníbal González para el comerciante Pedro Martín como residencia periurbana con estilo victoriano inglés para las villas de recreo. De su futuro uso, nada se sabe hasta la fecha.
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