El gobierno expulsa al PP del consejo de Mercasevilla en pleno escándalo judicial

El gobierno local expulsó ayer al único grupo de la oposición del consejo de administración de Mercasevilla, la sociedad que ha generado un escándalo político y judicial para el Ayuntamiento sevillano gobernado por PSOE e IU, y que atraviesa una muy delicada situación económica. La decisión sorprende porque pone fin a una tradición democrática de 22 años que instauró el alcalde Manuel del Valle para garantizar transparencia en la gestión. La han respetado hasta ahora todos los alcaldes para que los grupos de la oposición estén representados en este órgano de gobierno del mercado central, sociedad del Ayuntamiento de Sevilla (51%) y del socio estatal Mercasa (48%).

La medida fue aprobada en la Junta General de Accionistas con el voto en contra de la Asociación de Mayoristas de Frutas, que la calificó de "indecencia política que cercena una tradición democrática e histórica" y de "vendetta contra el concejal del PP Beltrán Pérez", en palabras de José Ramón Rodríguez Fajó, abogado de la Federación de Empresarios de Mercasevilla que agrupa a todos los mayoristas.

El PP dijo ayer que estudiará denunciar la medida ante los tribunales civiles. Es el único grupo político municipal que se queda sin representación en un consejo reducido ayer a nueve miembros, la cifra mínima que marcan los estatutos, frente a los 23 consejeros que había hasta ahora. El PSOE e IU se quedan cada uno con un representante (Alfonso Mir y Antonio Rodrigo Torrijos), además de tres consejeros con perfil técnico (el interventor José Miguel Braojos, el secretario Luis Enrique Flores y María Luisa García García, directiva de la AIE y Emasesa). Mercasa con cuatro consejeros. El argumento es lograr "austeridad, operatividad, eficiencia, despolitización y profesionalidad".

Beltrán Pérez, el único concejal que el PP tenía en el consejo, protestó por su expulsión, que se produce justo el día antes de la cita que tenía con el consejero apoderado de la empresa, el socialista Alfonso Mir, para revisar la información contable de las cuentas de 2009 de Mercasevilla y de las facturas que debían justificar esas cantidades. La cita estaba fijada para hoy jueves 1, pero Pérez recibió ayer una notificación de Mir anulándola para siempre por su cese como consejero.

Según el concejal del PP, el gobierno trata de "eliminar testigos y cerrar los ojos a la opinión pública" a raíz de la querella por delito societario que puso su grupo contra la empresa el pasado 16 de abril. "Es una maniobra perfectamente orquestada por el PSOE de Madrid y Sevilla por la preocupación política que hay sobre el escándalo de Mercasevilla", destacó el edil expulsado.

La cúpula política de Mercasevilla, el vicepresidente Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y el consejero Mir (PSOE) justificó la expulsión del PP en el objetivo de despolitizar el perfil de los consejeros y ahorrar dinero en dietas, que se suprimen. Rafael Domínguez, el presidente del comité de los trabajadores (sin voto en el consejo), también aplaudió que la empresa gane "operatividad" reduciendo a dos los políticos del órgano. El comité culpa al PP de retrasar, con la querella por delito societario, la solución al impago que sufren los 40 prejubilados del polémico ERE de Mercasevilla y le pide que no judicialice la gestión diaria de la empresa. Ayer se movilizó otra vez con cortes a la entrada de Merca.

Según Torrijos, han aplicado la austeridad y despolitización de la gestión que el PP ha pedido en público a través de su portavoz municipal Juan Ignacio Zoido. En declaraciones a este periódico, el vicepresidente adujo que Sevilla no es excepción alguna porque en Mercamadrid el alcalde del PP Gallardón también laminó a la oposición (PSOE e IU) del consejo.

Torrijos negó que la expulsión tenga que ver con los datos financieros que el PP ha desvelado, pero admitió el malestar de la empresa por la práctica de Pérez de "publicitar los intríngulis financieros de la sociedad", cuando debía actuar con "lealtad y fidelidad" para no perjudicar las operaciones pendientes. Mercasevilla ya advirtió al consejero del PP el pasado 10 de junio, en una carta enviada por Mir, que tendría acceso a los datos contables de 2009 que solicitó siempre que no diera "un uso tergiversado o inexacto de la información contenida en la documentación solicitada". Esta prudencia se pedía por "las delicadas circunstancias en las que actualmente se encuentra la compañía, y dada la enorme repercusión mediática que están teniendo ciertos hechos que afectan a la misma, de lo que se podrían derivar nefastas consecuencias para la sociedad".