Incertidumbre. Ésta es la palabra con la que las patronales y los propietarios de las guarderías de convenio con la Junta definen el estado con el que se encara el nuevo curso -que comenzará el lunes- en dichos centros. Tras los retrasos en los pagos de la Consejería de Educación correspondiente al porcentaje de bonificación de las plazas de los alumnos, los titulares de las escuelas infantiles abren de nuevo las puertas sin que el Ejecutivo andaluz haya liquidado por completo la deuda que arrastra desde el pasado curso, lo que ha provocado verdaderos quebraderos de cabeza en un sector que ha pasado en pocos años de ser uno de los que más posibilidades de negocio presentaban a convertirse en una actividad donde los beneficios son cada vez más reducidos.

El próximo lunes vuelve la actividad a las 300 escuelas de convenio (cifra aproximada) que existen en la provincia sevillana. Todo estará a punto (o casi todo) para recibir a los niños que, con edades comprendidas entre los 0 y 3 años, se hayan escolarizado en unos centros que sirven para conciliar la vida familiar y laboral de los padres a la vez que inician al alumno en la etapa educativa. Este curso comienza después de un verano en los que la continuidad de dicho servicio se ha visto amenazada por los retrasos en los pagos de la Junta a los titulares de las guarderías por los problemas de tesorería en la Administración, una situación que no se ha resuelto del todo.

Como ya ocurriera en 2011, a mediados de julio pasado saltó la alarma en el sector al comprobar que se retrasaba el pago de la mensualidad de mayo. Ante la demora, los representantes de las patronales mantuvieron una reunión con los técnicos de Educación donde la respuesta no fue muy esperanzadora: la falta de liquidez dejaba sin fecha de abono los meses de mayo y junio. La única garantía del departamento que dirige Mar Moreno fue la de ingresar dicho dinero en cuanto se resolvieran los problemas de tesorería. Este retraso provocó una asfixia económica en los centros, ya que el 70% de sus ingresos proceden de las cantidades que la Junta les abona correspondiente a la bonificación que recibe cada alumno (que varía en función de la renta familiar y otras circunstancias sociales) por plaza de convenio. Con estos ingresos se sufragan los gastos del personal, mantenimimiento del centro (alquiler o hipoteca, luz y agua) así como el catering del comedor.

De nuevo hubo que recurrir a ahorros personales, ayudas familiares y, en bastantes casos, a demorar el pago a los trabajadores. Las manifestaciones se sucedieron ante la sede de la Consejería de Educación, en Torretriana, exigiendo una solución inmediata. Hasta el 31 de julio no se alivió un poco la asfixia económica. La Junta comenzó a ingresar ese día la mensualidad de mayo (en algunas de convenio con los ayuntamientos la deuda se remontaba a abril). La intención era abonar junio en agosto. Sin embargo, esta promesa no se hizo realidad hasta ayer -a tres días de que se iniciara un nuevo curso- cuando la Administración ha empezado a pagarles dicha mensualidad, como constataron a este periódico los propietarios de varias guarderías y las patronales.

La deuda, no obstante, sigue sin liquidarse por completo. Tanto Escuelas Católicas (ECA), como la CECE y el Fasei (Foro Andaluz del Sector de Educación Infantil) han afirmado a este periódico que la Consejería de Educación les informó esta semana que en los próximos días pagarían la mensualidad de junio, aunque aún no hay fecha concreta para abonar la de julio, por lo que el curso se iniciará con una deuda de 15 millones para las guarderías de convenio en toda Andalucía, según aclaró el presidente andaluz de CECE, Rafael Caamaño, que cifra en dicha cantidad el coste mensual del convenio con las guarderías para la Junta.

A este débito se une la confirmación de la anulación del pago de agosto, el único mes en el que cesa la actividad de estos centros y que se abonó por primera vez el año pasado tras un acuerdo con el anterior consejero, Francisco Álvarez de la Chica, lo que suponía un alivio para la financiación de las escuelas, que podían así pagar en mejores condiciones el mes de vacaciones a sus trabajadores, entre otras fines. Fuentes de la Consejería de Educación aclararon al respecto que "se ha establecido un marco de diálogo y de compromiso de pago" con los representantes.

Todas las patronales coinciden en señalar la necesidad de cambiar el actual modelo de financiación, entre otros motivos, por el precio de la plaza pública, establecido desde hace tres años en 278,88 euros (incluido el comedor), un coste por debajo del gasto real de este servicio.