La construcción de una gran mezquita en Sevilla se ha convertido en una historia frustrada. Desde mediados de la década pasada se ha intentado que los musulmanes cuenten con un templo de importantes dimensiones en la capital andaluza, donde representan el colectivo religioso más numeroso tras los católicos. Sin embargo, los dos proyectos presentados hasta ahora han caído en saco roto. Bien por la oposición vecinal, bien por las trabas puestas desde la administración local. El último caso ha sido el de la mezquita metropolitana promovida en Sevilla Este, donde la Comunidad Islámica Ishbilia se ha encontrado con el silencio como respuesta por parte del gobierno de Espadas. Esta entidad recurrirá a los tribunales. Defienden que, tras los atentados yihadistas en Cataluña, este proyecto "regularizaría" la situación de los musulmanes que viven en la ciudad hispalense y se evitaría, de este modo, que cayeran en manos de grupos fundamentalistas.

El inicio de esta historia frustrada tiene una fecha muy concreta: el 10 de mayo de 2005. Ese día los representantes de la Comunidad Islámica de España y el que era concejal de Urbanismo, Emilio Carrillo, firmaron un convenio por el que el Ayuntamiento de Sevilla cedía 6.000 metros cuadrados de suelo en Los Bermejales para la construcción de una mezquita que se convertiría en un templo de referencia religiosa en el sur de Europa. No debe olvidarse el momento en el que se llegó a ese acuerdo: cuatro años después del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York y cuando habían transcurrido 14 meses de los atentados del 11-M en Madrid. Ambos cometidos por células terroristas de Al Qaeda.

La oposición de los vecinos no se hizo esperar. Iniciaron una fuerte campaña de movilizaciones contra dicha cesión, al estimar que los terrenos deberían ser usados para equipamientos de los que carecía el barrio (y que aún hoy, 12 años después, algunos siguen sin existir). Bermejales 2000, entidad liderada por Conchita Rivas, presentó un recurso Contencioso-Administrativo contra el convenio, cuyo argumento se basaba en que el PGOU actual (también el de 1987) destinaba dicho suelo a dotaciones básicas para los residentes, un uso del que se excluía el templo religioso. En abril de 2006, casi un año después de la cesión, el juez ordenó como medida cautelar la suspensión del inicio de las obras, al entender que cuando se dictara sentencia firme ya se habría materializado la construcción de la mezquita y, por tanto, resultaría "imposible" restituir la parcela a su estado anterior. Pese a esta paralización, la Comunidad Islámica pagó las tasas para tramitar el proyecto, lo que junto al coste de los estudios supuso un desembolso de 200.000 euros. El 14 de febrero de 2007 fue la promotora la que pidió a la Gerencia de Urbanismo que detuviera la tramitación, debido al proceso judicial comenzado por la entidad vecinal.

A finales de ese año la Justicia se pronunciaba sobre este procedimiento. La titular de la Sala de lo Contencioso-Administrativo número 4 dio la razón a la Comunidad Islámica y al Ayuntamiento hispalense. La sentencia autorizaba la adjudicación de un derecho de superficie con carácter gratuito para el culto musulmán. La juez estimó que la parcela no era de dominio público, como argumentaban los vecinos, sino que era Patrimonio Municipal del Suelo, lo que facultaba al gobierno local a cederlo o venderlo según su criterio.

Esta sentencia llegaba tarde, pues en la primavera de 2007 se habían celebrado elecciones municipales. En plena campaña, ante la presión vecinal, el alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín prometió que archivaría el expediente de la mezquita. La palabra del regidor socialista se contraponía a lo dictado por la Justicia. En la plataforma Bermejales 2000 no se quedaron de brazos cruzados. Recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que no se pronunció hasta 2008.

En tal situación, el Ayuntamiento decidió buscar un nuevo emplazamiento para el templo musulmán. La Isla de la Cartuja sería la segunda ubicación del proyecto. Se trataba de una pastilla de suelo situada en la banda lateral de la Avenida Carlos III, junto a la comisaría de la Policía Local allí existente. La superficie duplicaba a la anterior: 11.200 metros cuadrados. El presupuesto para construir la mezquita rozaba los seis millones de euros. Si en los Bermejales los vecinos se opusieron, en la Cartuja adoptaron idéntica postura los empresarios, que criticaron al gobierno de Monteseirín por no haberles "consultado" dicha propuesta. A este rechazo se sumó el de la Junta de Andalucía, a través de la sociedad Cartuja 93, que gestiona la tecnópolis y de la que es su mayor accionista. La segunda propuesta, por tanto, tampoco tenía el camino fácil.

El varapalo definitivo llegó en octubre de 2008. El TSJA tumbó cualquier posibilidad de que se construyera el gran templo musulmán en Los Bermejales, idea que ya, a esas alturas, estaba casi descartada. Sin embargo, el fallo judicial incluía una argumentación que hacía difícil que la mezquita pudiera levantarse en adelante en suelo de titularidad pública. El Alto Tribunal Andaluz estimó que el proceso para su construcción estaba "viciado". "La contradicción entre si los suelos eran patrimonio municipal o de dominio público no se rectificó en el expediente de la mezquita y nadie aporta explicación alguna de los efectos de este defecto", refería la sentencia. Se daba así el respaldo a la argumentación defendida por el abogado de los vecinos, Manuel Clavero Arévalo, quien había sostenido todos esos años que el acuerdo entre el Ayuntamiento y la Comunidad Islámica firmado en 2005 era "nulo" porque el Consistorio cedió el derecho de superficie sobre un bien inmueble de dominio público, calificación de la que gozaban los suelos en el inventario de Bienes Municipales.

Tal decisión llevó al último gobierno de Monteseirín a renunciar a la cesión de suelo público a la promotora islámica. En este punto hay que recordar que se había producido un cambio de actores. Emilio Carrillo dejó de ser concejal de Urbanismo, cargo que pasó a ocupar Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, una de las personas que actualmente gozan de mayor confianza del nuevo secretario general de los socialistas españoles, Pedro Sánchez. Celis instó a la Comunidad Islámica a lograr terrenos privados para hacer posible su proyecto, lo que supuso un auténtico jarro de agua fría para dicha entidad, que hasta entonces había contado con el respaldo de Urbanismo. No obstante, desde el Consistorio se buscó un tercer enclave para el proyecto de la mezquita. Éste fue el barrio de San Jerónimo, frente al nuevo parque que se extiende hasta el Huevo de Colón. Un proyecto que se planteó pero que quedó varado por la crisis.

Esto último ocurrió en mayo de 2009. Tuvieron que pasar seis años para que de nuevo se volviera a hablar de una gran mezquita en Sevilla. Fue en junio de 2015 cuando la Comunidad Islámica Mezquita Ishbilia -distinta promotora a la anterior- dio a conocer la recreación virtual de un gran complejo, que incluía el que sería uno de los mayores templos musulmanes del sur de Europa. Se ubicaría en unos terrenos municipales de Sevilla Este que no estaba licitados. El proyecto suponía una inversión de 60 millones de euros -en principio el dinero lo aportarían donantes de los Emiratos Árabes- y generaría 5.000 empleos, una cifra muy golosa en plena carestía laboral. La iniciativa ha corrido la misma suerte que la anterior. Al menos, por ahora.

A finales del año pasado este periódico daba a conocer que el gobierno de Espadas, a través de la Gerencia de Urbanismo, se había opuesto a sacar a licitación forzosa los terrenos en los que la citada comunidad pretendía levantar la mezquita metropolitana. Los técnicos consideraron que la promotora carecía de derecho para exigir al Ayuntamiento este proceso, por lo que la parcela (de 10.000 metros cuadrados) quedaba bloqueada y las pretensiones de levantar el inmenso templo musulmán, en el aire.

La presentación del proyecto y el procedimiento llevado a cabo coincidió con un nuevo rebrote de atentados terroristas por parte del Estado Islámico que ha dejado un reguero de sangre en Europa. Una circunstancia que no se lo ha puesto nada fácil a los musulmanes de Sevilla interesados en esta iniciativa. La situación social ha jugado en su contra. A ello obedece, quizá, que el gobierno de Espadas le haya dado la espalda, al no contestar al recurso administrativo presentado por la citada comunidad contra la decisión tomada a finales del año pasado. Los promotores anuncian que acudirán a la Justicia. Una decisión que se toma días después de los atentados en Cataluña y con la ciudad de Sevilla repleta de bolardos, macetones y furgones policiales para prevenir cualquier ataque yihadista. Tal situación ha ido pareja a la aparición de pintadas y ataques contra las comunidades musulmanas que habitan la capital andaluza. Malos tiempos para pensar en grandes mezquitas.