El informe CYD sitúa a la Pablo de Olavide entre las siete universidades con menos financiación por alumno de España

La Universidad Pablo de Olavide figura entre las universidades públicas presenciales de España con menor financiación por alumno, según los datos de Informe CYD 2025 elaborado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo. El estudio, que analiza los presupuestos liquidados de 2023 y el alumnado del curso 2023-2024, coloca a la institución sevillana en una posición que refleja las tensiones del debate sobre el modelo de financiación universitaria en Andalucía.

El campus sevillano comparte esta parte baja del ranking con tres universidades madrileñas (Rey Juan Carlos, Alcalá y Complutense) y tres catalanas (Girona, Rovira i Virgili y Pompeu Fabra). Este indicador mide las transferencias corrientes y de capital por alumno en el sistema público presencial, un criterio homogéneo que permite comparar el punto de partida financiero de cada institución para afrontar sus funciones básicas.

El dato adquiere relevancia en un contexto donde las universidades públicas andaluzas llevan años reclamando una revisión del sistema de financiación que aporte mayor estabilidad y capacidad de planificación, frente a la defensa que realiza la Junta del volumen global de recursos y del reparto anual aprobado.

El informe sitúa a Andalucía en la franja baja de transferencias por alumno cuando se compara con otras comunidades autónomas, aunque su posición mejora al medir el esfuerzo relativo en relación con el PIB per cápita.

La situación de la UPO se complica al analizar otro capítulo del informe. El estudio coloca a la Pablo de Olavide entre las universidades con valores más reducidos en tasas, precios públicos y otros ingresos, dentro del grupo que se mueve entre 1.000 y 1.200 euros por estudiante. En esa misma franja aparecen otras universidades como la de Jaén, Baleares y Oviedo.

Esta combinación —baja en transferencias públicas y baja en ingresos propios por alumno— estrecha el margen financiero real con el que operan estos campus. En un sistema como el andaluz, donde además los precios públicos se han contenido en los últimos años, esa limitación adquiere mayor impacto en la capacidad de maniobra institucional.

Dificultades para generar ahorro bruto

El Informe CYD incorpora un indicador adicional que refleja tensiones internas: la tasa de ahorro bruto, que mide la capacidad de una universidad para generar recursos propios destinados a financiar inversiones. En 2023 hubo instituciones con tasa de ahorro bruto negativa, es decir, con dificultades para generar recursos corrientes suficientes.

Entre las universidades que presentaron este indicador en negativo figuran tres andaluzas: la Universidad de Málaga, la Universidad de Sevilla y la Pablo de Olavide. No se trata de un diagnóstico definitivo sobre gestión, pero sí de una señal de contexto: cuando la inversión depende más del exterior y hay menos margen interno, la planificación se vuelve más frágil y la dependencia de las transferencias crece.

Que la Universidad Pablo de Olavide aparezca en la parte baja del ranking no resuelve el debate andaluz sobre financiación, pero pone nombre y apellidos a una discusión que a menudo se queda en cifras globales y modelos abstractos. La pregunta que queda sobre la mesa es cómo afecta esta situación a la capacidad real de la institución para desarrollar docencia, investigación, infraestructuras y captación de talento.

La Junta defiende su eficiencia universitaria

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha salido al paso de las críticas al modelo andaluz del Informe CYD defendiendo que el "Ministerio competente y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) reconocen que Andalucía es la región que mejor financia a sus universidades". Tras ser consultada por este periódico, la Consejería sostiene que la Fundación CYD "es una agrupación empresarial" y rechaza que la inversión por estudiante sea un indicador fiable y suficiente por sí solo. Su argumento es que cada universidad tiene una estructura de plantilla distinta, y que ese factor determina en mayor medida el coste operativo real de cada institución.

Desde la Consejería añaden que la mayoría de rectores de las universidades andaluzas comparten esta visión y "no están de acuerdo con que se aplique ese parámetro en el modelo de financiación". La Junta insiste, además, en dos ideas: el peso del sistema andaluz por volumen ("Somos el mayor sistema universitario de España") y la eficiencia del conjunto.