Las obras del PER (Plan de Empleo Rural, ahora Plan de Fomento del Empleo Agrario, Pfoea) supondrán una inversión este año en Sevilla de 46,6 millones, la misma cantidad desde 2012. De ellos, 33,3 millones son fondos estatales y del Fondo Social Europeo. La Junta pone 10 millones para materiales y la Diputación, otros 3,3 y asesora en la elaboración de proyectos. Aunque desde las administraciones socialistas se ha venido atacando la "congelación" de estas partidas, el Gobierno del PP destaca que se mantienen cuando otras merman.

Según el tipo de obra, entre el 75% y el 80% de la mano de obra que se genera está reservada para eventuales agrícolas en paro, unos días de trabajo con los que podrán completar los jornales para acceder al subsidio agrario, no a la renta agraria. En teoría son 35, que se han reducido estos años a 20 por la dificultad para cumplimentarlos por las malas cosechas. El resto de las contrataciones son para especialistas de los sectores que se requieren (albañiles, fontaneros, electricistas). Ese presupuesto puede dar lugar a unos 436.000 jornales. Para que llegue a más personas, los contratos no suelen sobrepasar los 15 días. Desde 1984, aunque ya antes se venían desarrollando planes de empleo comunitario, estas obras han permitido cambiar la imagen en los pueblos: se ha invertido en calles, alumbrado y saneamiento y creado equipamientos, desde casas de la cultura a tanatorios. También fomentan cierta economía alternativa al campo, habilitado senderos, rutas turísticas o recuperado patrimonio histórico-artístico.

La Diputación recuerda que el 54% de la población andaluza vive en municipios que se benefician de estas obras, que también generan empleo indirecto. Cuando los ayuntamientos han visto reducido su presupuesto por la crisis, han redoblado su protagonismo. Dentro del sistema de protección social para eventuales agrícolas, en Sevilla se crearon tres centros de formación en Huévar, Arahal y Cantillana para formar a estos trabajadores y que mejoren la calidad y duración de sus contratos (en podas o fitosanitarios...) y que funcionan por convenios de colaboración entre la Diputación y CCOO, UGT y Asaja.