El juez de Instrucción número 16 de Sevilla ha exculpado al ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos y al ex concejal de Economía y Empleo Carlos Vázquez de las presuntas irregularidades detectadas en la Fundación para la Formación, Innovación y Cooperación de Sevilla (DeSevilla), por lo que la investigación sólo continuará contra el ex director gerente Miguel López Adán.

El magistrado Juan Gutiérrez Casillas ha dictado un auto en el que acuerda archivar la causa contra ambos ex concejales, al entender que "no resulta debidamente justificado el que con relación a tales investigados los mismos hubiesen participado en ilícito penal alguno".

Así, el instructor acuerda que la instrucción judicial continúe sólo contra el ex director gerente Miguel López Adán, al estimar que la subvención objeto de autos fue "solicitada a sabiendas de que no iba a poder llevarse a cabo la actividad para la que estaba destinada".

El magistrado ha tenido en cuenta un informe de la Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla en el que se pide expresamente que siga el procedimiento por un delito de "fraude de subvenciones" contra el ex director gerente, por entender que se solicitó la ayuda sabiendo que no se iba a destinar al fin, algo que el Ministerio Público deduce del "estado económico de la Fundación, su renuncia [a la percepción] y que no se justifica la realización de esas actividades".

El fiscal añade que "antes al contrario, cuando se dispone el ingreso de la cuantía de la subvención se destina a otros fines a sabiendas por el propio imputado, produciéndose una desviación sustancial de los fines de la misma". Antes de que se actúe contra López Adán, el fiscal quiere que se cuantifiquen las cantidades ingresas en el Partido Comunista o en IU en concepto de "donación" por cada trabajador de la Fundación.

Antonio Rodrigo Torrijos declaró como imputado en el juzgado en noviembre de 2013 y aseguró al instructor que nunca pretendió "ocultar, perdonar o evitar" el pago de los 742.500 euros que el Ayuntamiento concedió a la fundación al declarar "concluso" el expediente sin iniciar el proceso para el reintegro de esta cantidad. En una comparecencia que se prolongó por espacio de seis horas y media, Torrijos señaló que cuando se declaró concluso este expediente -después de que en marzo de 2011 la Fundación renunciada a la subvención concedida en el expediente 98/08- se comunicó a la Intervención municipal y a la propia Fundación "a los efectos oportunos". Según el ex concejal de IU, en aquellas fechas existían "informaciones para resolver este problema ante un posible acuerdo entre la Fundación y la Intervención para llegar a un proceso de compensación", que incluso esta posibilidad está recogida en un informe posterior del interventor.

El ex edil añadió que como la Delegación de Relaciones Institucionales que él dirigía ya había comunicado que se había pagado en diciembre de 2009, en la delegación "quedaron a la expectativa", ya que además, de acuerdo con la normativa administrativa, "no había ni ha prescrito aún el plazo de cuatro años para la incoación de un expediente de reintegro". 

Según Torrijos, el hecho de que no se iniciara el expediente de reintegro "no obedecía a decisión suya", aunque éste es uno de los motivos por los que la Fiscalía de Sevilla había solicitado su imputación en la causa, al tiempo que para el Ministerio Público el concejal habría utilizado la Fundación "para fines particulares o partidistas" y "desviándose de los fines para los que las subvenciones fueron concedidas".

En septiembre de 2013, la Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla fue la que solicitó al instructor la imputación del ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento y ex portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos, en la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades en la Fundación DeSevilla. 

El Ministerio Público consideraba entonces que había indicios para imputar a Torrijos en la causa, sobre todo a raíz de la documentación que obraba en la causa y de la declaración prestada en junio de ese mismo año por el ex delegado de Economía y Empleo Carlos Vázquez, quien atribuyó al Consistorio el "desbarajuste" en la Fundación DeSevilla al no ser autorizadas ni entregadas "en plazo" las subvenciones concedidas al tiempo que señaló el papel de Torrijos y del ex director gerente de la fundación, Miguel López Adán, en algunos de los expedientes incluidos en la investigación. 

La Fiscalía recordaba en el escrito que remitió al juzgado de Instrucción número 16 que el portavoz de IU era en la época investigada el responsable de la Delegación de Relaciones Institucionales, de la que dependía la fundación, y precisaba que permitió que se siguieran recibiendo las subvenciones sin haber justificado los pagos anteriores.

El Ministerio Público señalaba igualmente que Torrijos intervino presuntamente, como responsable de esa delegación, en el expediente 98/08, correspondiente a una subvención municipal de 990.000 euros para cooperación internacional y que afectó especialmente a las cuentas de la fundación, porque fue autorizada en 2008 y consumada en 2009 mediante anticipo, pero en 2011 se renunció a su totalidad, pero no se inició el correspondiente expediente de reintegro de la cantidad ya abonada (742.500 euros), algo que estaría bajo la responsabilidad de la delegación de Torrijos.

El ex edil Vázquez también apuntó a la actuación del gerente

El ex delegado de Economía Carlos Vázquez, que también ha sido exculpado, declaró ante el juez que la cantidad que se entregó a DeSevilla fue el 75% del total de la ayuda, unos 742.500 euros, pero "la tramitación y llevanza" de este expediente fue "algo que vinculaba" a López Adán y a Antonio Rodrigo Torrijos como responsable del área de Relaciones Institucionales. En ese sentido, Vázquez culpó al área de Torrijos de las "ampliaciones de plazos" relacionadas con este expediente y negó "facturas falsas" a cuenta de las facturas cuya anulación fue solicitada en el marco de este expediente. El ex delegado de Economía y Empleo Carlos Vázquez atribuyó en su declaración ante la juez los problemas de la misma al "régimen de subvenciones al que se la tenía sometida", toda vez que las ayudas procedían del propio Ayuntamiento hispalense. Algunos expedientes relativos a proyectos de cooperación internacional subvencionados por el Ayuntamiento, según manifestó, "provocaban un quebranto en el patrimonio negativo de la fundación, porque las ayudas llegaban tarde y ocasionaban que no se pudieran ejecutar en plazo". "A veces", dijo, hubo que "anticipar el gasto" de dichas ayudas y, finalmente, la ejecución anticipada "no era reconocida como válida".