Los sevillanos han perdido el miedo a impugnar en los tribunales de Justicia las sanciones impuestas por las administraciones locales. Eso es lo que reflejan las estadísticas judiciales sobre los recursos contencioso-administrativos presentados a lo largo del año contra este tipo de infracciones, entre las que destacan mayoritariamente las multas de tráfico, las sanciones a bares u otro tipo de establecimientos comerciales, y los incumplimientos de las distintas ordenanzas municipales.

Así, entre enero y septiembre pasado, se han presentado en Sevilla un total de 394 recursos en los juzgados de lo Contencioso contra resoluciones sancionadoras dictadas por los distintos ayuntamientos de la provincia. Esta cifra supone que, en sólo un año, se ha duplicado con creces el número de recursos, en concreto, se han registrado un 129% más de recursos con respecto a los litigios contabilizados en el mismo período del año 2007, que se quedaron en 172 hasta el mes de septiembre, según las estadísticas judiciales de ingreso de asuntos en los juzgados de lo Contencioso. De esta forma, los 394 pleitos de los ciudadanos superan ampliamente el número de recursos registrados en todo el año pasado, que fue de 299 casos.

De continuar la tendencia actual, este año podría cerrarse con más de 525 impugnaciones de sanciones municipales, una cifra que supera ampliamente los recursos presentados en los últimos años. El aumento de la litigiosidad de los ciudadanos experimentó un importante crecimiento en 2007, con los 299 recursos. Los años precedentes, las acciones legales de los ciudadanos no superaron los dos centenares. Así, hubo tan sólo 105 recursos en el año 2004, 144 en 2005, y 175 en el 2006.

La acción contencioso-administrativa se ejerce una vez que el ciudadano ha perdido los correspondientes recursos en la vía administrativa, ante la propia entidad sancionadora. Por lo general, la mayoría de estos recursos acaban con la reafirmación de la multa impuesta, lo que deja como única salida a los infractores acudir a la vía de la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, el fuerte incremento de la litigiosidad contra las administraciones públicas puede encontrar su explicación en la propia dinámica de la sociedad, cada vez más consciente de sus derechos y de sus posibilidades de reclamar contra las resoluciones adversas, hoy en día se recurre todo. La mayor litigiosidad también obedece al efecto multiplicador que tiene el hecho de ganar un pleito o una multa al Ayuntamiento, lo que contribuye a que otros usuarios que se encuentran en una situación similar se decidan a acudir a los tribunales, a sabiendas de que este tipo de recursos conlleva, en ocasiones, otros gastos de abogado. Los recursos suelen presentarse por sanciones con una cuantía considerable, porque en otro caso no sería rentable.

Un ejemplo de este efecto está en lo que ocurrió hace unos años con las multas de la zona azul, que los tribunales anularon cuando las infracciones no llevaban el correspondiente refrendo de un policía local, dado que los empleados municipales de Aussa -la empresa encargada de la gestión de los aparcamientos regulados por horario- no tenían la condición de autoridad pública y, por tanto, sus multas no reunían los requisitos legales. Cuando los medios de comunicación difundieron varias de estas sentencias, los ciudadanos se animaron a recurrir estas sanciones.

El sindicato de la Policía Local de Sevilla, el Sppme, también vaticinó una mayor litigiosidad debido a que no se han corregido desde hace un año los 164 errores detectados en el catálogo de sanciones, lo que hace que los agentes no incluyan la cuantía ni los puntos del carné a detraer en las denuncias, lo que abre la vía a más pleitos. A pesar de que se han duplicado los litigios, esta cifra sigue siendo aún muy pequeña en comparación con las 111.009 multas de Tráfico que impuso en 2007 la Policía Local.