"Somos oficinistas de la educación". Así se siente el 96% de los docentes andaluces que ha participado en el cuestionario elaborado por el sindicato CSIF en el que se les ha preguntado sobre la carga burocrática que soportan en los centros educativos. Una mayoría contundente alerta de que esta labor "excesiva" les aparta de su verdadero cometido en las aulas, que no es otro que la mejora de los procesos de aprendizaje. 

La encargada de dar a conocer estos datos ha sido la presidenta del sector de educación de CSIF en Andalucía, Elena García, quien ha asegurado que dicha situación está provocando entre los profesionales de la enseñanza una sensación de "hartazgo, desilusión y frustración".

"Dar clase pasa a un segundo plano", aseveran los docentes en la encuesta, que desvela que el 42% de ellos emplea entre cinco y siete horas a la semana para tareas administrativas, un tiempo que excede de las siete horas semanales en el 28% de los casos. Por tanto, el 70% de los que han participado en el estudio sobrepasan su jornada laboral, lo que, aseguran, les provoca "sobrecarga de trabajo" y "estrés laboral". 

De escasa utilidad

Otro dato revelador es la falta de utilidad que, a juicio de los encuestados, tienen estas obligaciones burocráticas. "Carecen de efecto en la mejora de la atención al alumnado", advierten los docentes, que concretan este problema en las evaluaciones por indicadores de aprendizaje que introdujo la Lomce, la actual ley estatal de Educación. 

Para CSIF es necesario lograr un pacto educativo que aporte "estabilidad" al sistema de enseñanza, simplificar las tareas burocráticas, reducir el horario lectivo de los profesores, eliminar la duplicidad de los trámites exigidos a los docentes, actualizar los programas informáticos para este cometido y, especialmente, "acabar con la obsesión de las administraciones por las estadísticas". 

Este sindicato trasladará las conclusiones del estudio a los distintos grupos parlamentarios de Andalucía y a la Consejería de Educación y Deporte, con el objetivo de que se arbitren medidas que disminuyan la carga burocrática.