La 'mafia del taxi' provoca un altercado dentro de los juzgados para presionar a una testigo
Un grupo de varias personas persiguió por la sede judicial a una de las denunciantes, que sufrió una crisis de ansiedad
El juez alerta de que la 'mafia del taxi' sigue con sus amenazas a pesar de las detenciones

Una de las taxistas detenidas en el caso de la mafia del taxi fue denunciada ayer por presionar a testigos en los juzgados de Sevilla. Esta mujer, junto con su padre y otros taxistas, protagonizó un incidente en el interior del edificio judicial, donde siguió, hostigó y grabó con un teléfono móvil a una de las denunciantes del caso. La víctima de estas coacciones tuvo que acudir a un centro de salud porque padecía un fuerte cuadro de ansiedad. Esto ha motivado que el abogado de la acusación pida el ingreso en prisión provisional de la conductora que provocó el altercado.
Los hechos ocurrieron durante la mañana de ayer en los juzgados del Prado de San Sebastián. No sucedieron en la calle, ni tampoco en la puerta, sino dentro de la sede judicial. La protagonista fue una de las taxistas detenidas en la segunda fase de la operación Aertase contra la mafia del taxi. Esta mujer tenía un juicio previsto para ayer en la tercera planta de los juzgados. Se trataba de una vista por unos incidentes ocurridos durante una huelga del taxi, que finalmente se terminó suspendiendo.
Mientras tanto, en la primera planta, en el juzgado de Instrucción 4 de Sevilla, estaban citados a declarar cuatro denunciantes del caso de la mafia del taxi, con objeto de que ratificaran en la sede judicial sus denuncias y aportaran más pruebas. Las denuncias de estos taxistas permitieron que la Brigada de Información de la Policía Nacional abriera una investigación contra la mafia del taxi en el aeropuerto de San Pablo. Esta investigación se ha desarrollado de momento en dos fases, una primera desarrollada el pasado 9 de enero y una segunda el día 30.
En la primera fueron detenidos 18 taxistas, entre ellos toda la junta directiva de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, que ha ejercido el monopolio durante más de veinte años en la parada del aeropuerto de San Pablo presuntamente mediante presiones y actos violentos. Otros 17 profesionales del sector fueron citados a declarar como investigados. En la segunda fase hubo ocho arrestados más. A todos se les imputan cuatro delitos: amenazas, coacciones, daños y pertenencia a organización criminal.
Los detenidos quedaron en libertad con cargos, pero se les impuso a todos ellos (tanto a los de la primera fase como los de la segunda) una medida cautelar, la prohibición de no acercarse a menos de 500 metros del aeropuerto de San Pablo, epicentro del conflicto. Esta misma orden de alejamiento se extendió a las licencias de taxi de los que eran titulares de las mismas, para que así no pudiera ir un asalariado a prestar servicio con el vehículo del titular detenido.
Una de las personas que fue arrestada en la segunda fase de la operación es la que protagonizó el incidente de ayer en los juzgados. Iba acompañada de su padre, que es el titular de la licencia de taxi y que es a quien la Policía Local le inmovilizó el vehículo el pasado domingo en el aeropuerto, al entender que se había saltado la orden de alejamiento vigente. El taxista pidió la devolución de su coche al entender que, al ser detenida su hija, que no es la titular de la licencia, la medida cautelar no puede aplicarse a la licencia ni al taxi.
Mientras se resuelve esta cuestión, esta taxista tenía pendiente otro juicio por unos incidentes durante una huelga del taxi, en la que ejerció como piquete. Como la vista se suspendió, decidió ir, junto con su padre y otras "cinco o seis personas" no identificadas (fuentes del caso apuntan a que todos eran taxistas de Solidaridad), a la puerta del juzgado de Instrucción 4, dos plantas más abajo y en el otro ala del edificio. Allí estaban declarando los denunciantes de la operación Aertase contra la mafia del taxi. Nada más salir del despacho del juez, una de las denunciantes se encontró con esta taxista que se dirigió a ella "con actitud intimidatoria", según refiere la denuncia presentada después por este incidente, presentada por el abogado de los taxistas denunciantes, Alejandro Gómez Luna.
El grupo en el que estaba la detenida siguió y grabó a la denunciante por la planta 1 hasta bajar las escaleras. La denunciante volvió al juzgado "buscando protección y amparo", y se encontró nuevamente a la denunciada a escasos dos metros, "con su móvil grabándola e increpándola". Esto, según la denuncia, "ha causado una gran ansiedad" a la conductora, "al margen de un miedo a las posibles represalias". La mujer tuvo que acudir a un centro médico para ser asistida.
Testigo de todo fueron los denunciantes que tenían que declarar ayer, así como otros dos taxistas más que figuran como denunciantes en la causa y que se encontraban en el juzgado acompañando a sus compañeros. El abogado de los mismos ha presentado una denuncia ante el juzgado de Guardia, que ha abierto un procedimiento y se ha inhibido en favor de Instrucción número 4, que lleva la causa.
En la denuncia, además de exponer los hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, así como la intimidación sufrida y el temor padecido, el letrado ha pedido que "a la mayor brevedad se solicite la grabación de las cámaras de seguridad del juzgado, en concreto de la planta 1 y del hall de las escaleras". En un escrito aportado al juzgado, el abogado de los denunciantes entiende que la actitud de la taxista investigada y sus acompañantes "es absolutamente reprochable, toda vez que viene a intimidar a la denunciante/testigo de los hechos que se instruyen, y a los otros denunciantes que esperaban a declarar, siendo ésta una manera de intimidad y coaccionar en sus propias declaraciones, por el temor que se tiene a posibles represalias, al margen de poder ser constitutivo de un delito de obstrucción a la Justicia".
Por la gravedad de los hechos, el abogado ha solicitado al juez que "se adopte una medida más restrictiva como la prisión provisional de la denunciada, así como la imposición de una medida cautelar de prohibición de acercamiento y comunicación" hacia los denunciantes.
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