Una de cada seis mujeres que presentaron el año pasado denuncias por malos tratos contra sus parejas o ex parejas renunció a seguir adelante con los procesos judiciales. Así consta en las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la violencia de género correspondientes al año 2008 en la provincia de Sevilla, en las que se pone de manifiesto que 1.077 mujeres retiraron sus denuncias sobre los 6.294 expedientes que se presentaron en total a lo largo del año.

Esta memoria diferencia incluso si las mujeres que renunciaron eran españolas o extranjeras. Entre las primeras, fueron 931 las que optaron por no seguir adelante, mientras que entre las segundas hubo 146. Este dato es especialmente revelador y demuestra que los casos de violencia de género son más frecuentes entre los extranjeros, dado que la población inmigrante en la provincia de Sevilla sigue representando un porcentaje muy exiguo del total de los habitantes y apenas sobrepasa el 3%.

El elevado número de renuncias de mujeres no sorprende a los expertos. La presidenta de la Asociación de mujeres víctimas de delitos (Amuvi), Pilar Sepúlveda, explicó que hay varios factores que llevan a la mujer a adoptar esta decisión, entre los que destacó la "dependencia psicolónica y anímica de la mujer respecto a su maltratador, que le hace promesas de cambio y de que todo va a ser diferente si retira la denuncia". También hay factores de tipo socio-familiar, cuando desde su entorno más próximo se aconseja a la maltratada "que no le deje" y económicos, sobre todo en aquellos casos en los que el maltratador es el principal sósten de la economía familiar.

La coordinadora del turno de Violencia de Género del Colegio de Abogados, Mariana Gómez Espinosa, subraya que muchas mujeres presentan una "inestabilidad psicológica" a la hora de afrontar la ruptura tras la denuncia, "muchas se sienten culpables de la situación y creen que retirando la denuncia pueden evitar que empeore".

Pilar Sepúlveda habla incluso de la "propia dinámica judicial" como uno de los factores que influyen en el elevado número de retiradas de denuncias, puesto que "lo primero que le dicen a una mujer cuando llega al juzgado es si ratifica la denuncia y si la víctima ya iba con dudas, es posible que se eche atrás con mucha facilidad". Muchas mujeres que llegan a Amuvi pidiendo asesoramiento plantean si van a lograr una orden de protección, algo que estiman crucial antes de seguir adelante con la acusación.

Mariana Gómez explica que cuando la víctima se acoge a su derecho a no declarar, la Fiscalía, en la mayoría de los casos, "no continúa con la acusación porque se queda sin prueba".

Sepúlveda aconseja a las mujeres que, antes de tomar la decisión de retirar la denuncia, "consulten con los profesionales del Servicio de Asistencia a las Víctima (SAVA) o del Instituto Andaluz de la Mujer para que conozcan a que se arriesgan cuando se echan atrás".

Para la coordinadora del turno de Violencia de Género se podría evitar la retirada de muchas denuncias si "desde el momento en el que una mujer se decide a dar el paso y denunciar a su agresor, se le proporciona una ayuda psicológica de forma inmediata", señaló Mariana Gómez.

Las estadísticas del CGPJ reflejan que los juzgados de Violencia de Género de Sevilla recibieron el año pasado 10.365 asuntos de malos tratos, lo que supone una media superior a los 28 casos diarios. Esta cifra también significa un aumento considerable con relación a los datos del año anterior, 2007, ejercicio que se cerró con 9.247 expedientes. Traducido a porcentajes, los casos de violencia de género atendidos en los juzgados sevillanos crecieron en casi un 12% entre un año y otro. Además, a lo largo de 2008 fueron resueltos 10.070 -aquí constan los que estaban pendientes de años anteriores- y quedan todavía por resolver 3.661.

De todos estos asuntos, hubo 4.811 que fueron calificados como delitos, por lo que se consideran especialmente graves. Llama la atención que el año se cerrara sin homicidios, sobre todo cuando en la temporada anterior hubo tres mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas. La mayoría de los casos calificados como delitos correspondieron a lesiones, con 3.566 asuntos. En este capítulo se incluyen únicamente las agresiones físicas sufridas por las mujeres por parte de sus cónyuges.

Otras 449 denuncias fueron por delitos contra la libertad, 428 contra la integridad moral, 29 contra los derechos y deberes familiares y 13 contra la libertad sexual. Los casos menos graves, los que fueron tipificados como faltas, fueron 401. De ellos, 202 correspondieron a injurias y 147 a vejaciones injustas, entre otros.

En Sevilla se solicitaron 1.383 órdenes de protección, de las que se concedieron 857 y se denegaron 526. La inmensa mayoría de ellas (98,9%) fueron pedidas por la propia víctima, mientras que el resto lo fueron por el Ministerio Fiscal o fueron acordadas por el juzgado de oficio. 43 de estas órdenes consistieron en privación de libertad, 122 en salidas de domicilio, 904 en alejamientos de la víctima y sus hijos y 914 en incomunicaciones. Un dato curioso es el de las 65 personas a las que se les suspendió temporalmente el permiso para portar armas. De todas estas medidas preventivas, se detectaron 134 incumplimientos y 69 quebrantamientos de condena. Esto significa que más de un 15% de los maltratadores no respetaron las medidas cautelares de protección decretadas por los juzgados y se acercó a las víctimas.

En cuanto a las condenas, las estadísticas del CGPJ especifican que se enjuiciaron a 495 personas, de las que 493 eran hombres y sólo dos mujeres. Entre los primeros hubo 301 condenados, de los que 286 eran españoles y los 15 restantes extranjeros. Fueron 192 los absueltos, lo que supone un porcentaje que ronda el 40%. Es decir, aproximadamente seis de cada diez hombres que se enfrentan a denuncias de violencia de género son condenados. En el caso de las mujeres, una fue condenada y la otra quedó absuelta.

En cuanto al origen de las denuncias, la gran mayoría, un 64,8%, entraron en los juzgados procedentes de atestados policiales después de que las víctimas comunicaran las agresiones en las comisarías de la Policía Nacional y los cuarteles de la Guardia Civil. 18 de cada cien casos tuvieron su origen en los partes de lesiones remitidos al juzgado por los centros médicos que atendieron a las víctimas, mientras que en otro 12% fueron las mujeres maltratadas las que se personaron directamente en los juzgados.

Por último, un 4% de los casos se iniciaron por intervención directa de la Policía sin que mediara antes una denuncia. En estos datos se aprecia cómo todavía es muy bajo el porcentaje de terceras personas que denuncia los casos de violencia de género. Sólo un 0,7% del total de asuntos gestionados comenzaron a raíz de la comunicación de algún familiar de la víctima al juzgado o a la Policía.

También puede apuntarse un perfil del maltratador y su relación con la víctima. El 35,29% de las denuncias fueron presentadas por mujeres que sufrían malos tratos por parte de sus cónyuges y un 13,22 por parte de sus ex cónyuges. Otro 25,45% de las víctimas mantenían una relación afectiva con sus agresores, mientras que el 26,03 restante fueron atacadas por sus ex novios. Los juzgados elevaron 691 causas a los órganos penales y a la Audiencia para su enjuiciamiento. De ellas, 116 fueron juicios rápidos, cuatro con preso y el resto con el acusado en libertad.