Muñoz acusa a Sanz de usar la Lista y los estudios de ordenación para alterar el PGOU y favorecer intereses privados

El portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz, denuncia un nuevo capítulo de “urbanismo a la carta” con el que el gobierno municipal del PP está beneficiando unos pocos en detrimento del interés general de Sevilla. En concreto, se refiere a una actuación urbanística en la avenida Vía Apia, en la Hacienda del Rosario, entre los distritos Este-Alcosa-Torreblanca y Cerro Amate, donde se ha aprobado un cambio de uso de suelo originalmente calificado como industrial mixto a residencial y terciario compatible, con un incremento de la edificabilidad y una drástica reducción del uso industrial mixto, según se recoge en la Junta de Gobierno Local del pasado 30 de abril.

El gobierno de Sanz ha reducido el uso industrial mixto de 30.294 metros cuadrados a sólo 11.211, es decir, a un tercio de su superficie original, para aprobar una calificación lucrativa de vivienda libre y terciario compatible: hablamos de 21.484 metros cuadrados para construir 226 viviendas libres y 1.805 metros cuadrados de terciario, para uso comercial y hotelero. Y, además, se ha aumentado la edificabilidad total de 30.294 a 34.500 metros cuadrados. Pero lo más preocupante es la tendencia de Sanz de recalificar cualquier suelo productivo en la ciudad, porque resulta más rentable construir viviendas y terciario: cada metro cuadrado que pasa de suelo productivo a residencial o terciario es un metro cuadrado menos para el empleo, para la actividad económica, para una ciudad sostenible.

“Esto no es una operación para facilitar vivienda asequible o protegida, ni para revitalizar la zona: es una operación para sacar el máximo rendimiento económico al suelo, construyendo viviendas libres dirigidas a un mercado de alto poder adquisitivo, en una zona donde precisamente no residen sevillanos con esas rentas”, apunta Muñoz. La promotora, Caralca Solar, ha presentado hasta cinco versiones del estudio de ordenación, la primera de julio de 2024 y la aprobada, del pasado mes abril. En ella solicita el cambio de uso de este suelo urbano, con obras de urbanización recepcionadas y con unas estructuras de cinco edificaciones inacabadas en la manzana y un sótano de aparcamientos, con el objetivo de lograr “una mejora urbana” y evitar “problemas de seguridad, ornato y salubridad” en la parcela y en el entorno.

Una justificación que un informe del secretario general de septiembre de 2024 considera insuficiente y pide subsanar, pues cree que debe tener también su reflejo en informes técnicos que incorporen un juicio de contraste entre la situación actual y la futura, cumpliendo así con lo exigido por la ley. Algo que en el expediente se limita a un informe del gerente de Urbanismo, en el que escuetamente considera suficientemente justificada la mejora urbana. Posteriormente no se emite ningún informe particular por parte del nuevo secretario general y se acepta la justificación propuesta por la promotora.

El PSOE critica el “urbanismo cortoplacista y especulativo”

“Este concepto de mejora urbana que permite la Lista se está utilizando como un coladero para justificar recalificaciones arbitrarias: se eliminan los controles técnicos y políticos que tenía una modificación puntual del PGOU y se simplifica el procedimiento para facilitar la recalificación y eliminar garantías”, alerta Muñoz, que advierte que este urbanismo bajo sospecha no es un caso aislado.

“Es la misma lógica especulativa que ya hemos visto con el cambio de uso de servicios avanzados a terciario en el canal de la expo, o la recalificación de suelo dotacional para vivienda libre en San Bernardo. El Gobierno de Sanz está utilizando la Lista y los estudios de ordenación como herramientas para alterar deliberadamente el planeamiento aprobado del PGOU, favoreciendo intereses privados muy concretos”.

El PSOE critica el “urbanismo cortoplacista y especulativo” y apuesta por un modelo de ciudad que proteja el suelo productivo, potencie los usos industriales mixtos como herramienta de cohesión y sostenibilidad y garantice que cualquier recalificación incorpore vivienda asequible y protegida. “No podemos permitir que cada recalificación sea una oportunidad de negocio privado y no una oportunidad de mejorar la vida de la mayoría”, subraya Muñoz. Y exige a Sanz más transparencia, participación ciudadana y rigor técnico en las decisiones urbanísticas: “Sevilla no puede construirse al dictado de unos pocos”.