Dos técnicos especialistas en árboles, Lourdes Fernández y María Soler, explicaron ayer a este periódico que el nivel 4 de peligrosidad máxima de los árboles –como el aplicado por el Ayuntamiento a 2.500 árboles de la ciudad– no puede suponer directamente talar, porque hay medidas alternativas que se pueden aplicar al árbol para reducir esa peligrosidad al nivel 3 o 2 y evaluar su evolución.

“Ese nivel indica que el árbol tiene graves problemas estructurales que hay que evaluar detalladamente para ver qué intervención requiere” y aplicar medidas alternativas a la tala analizando periódicamente cómo reacciona el árbol, indican. Con todo, ambas especialistas admiten que “en Sevilla hay muchos árboles dañados y sin futuro” que no tienen otra solución que talarse.

Califican de “desolador” el panorama de las talas masivas de arboles en la ciudad, y más en verano cuando no se puede reponer de inmediato por un árbol nuevo, y elogian la sensibilidad ciudadana con los árboles que se ha demostrado en las protestas de estos días en zonas de tala.

Respecto a las podas en verano, las dos especialistas aseguran que no debe ser masiva ni agresiva como se está haciendo porque eso seca más él árbol y lamentan que en Sevilla se siguen haciendo podas tremendas que los avances de la arboricultura ya no recomiendan. “Las podas agresivas en verano provocan quemaduras al árbol que pueden convertirse en heridas que dañan la estructura del árbol”, avisan.

Las dos especialistas elogian cómo está funcionando la Mesa del Árbol de Madrid, como un foro de expertos, y creen que en Sevilla tendría que ser también así. En Sevilla, se constituyó una Mesa del Árbol en 2016 con entidades y expertos a la que el director de Parques y Jardines asegura haber trasladado, en marzo y octubre de 2017, las intervenciones que se iban a acometer en el arbolado en riesgo. En septiembre celebra su próxima reunión.

Las expertas elogian que, desde el nuevo macrocontrato en vigor, el Ayuntamiento obliga a las empresas de mantenimiento de zonas verdes a contar con expertos en arboricultura y se harán evaluaciones periódicas por primera vez. Y lamentan que las empresas adjudicatarias del macrocontrato de zonas verdes ya tenían en el pliego de condiciones cuántos árboles tenían que talar cada una de los diagnosticados con el riesgo 4 en el informe de 2015. Por eso señalan que la decisión de paralizar el plan de tala tiene que venir del Ayuntamiento, que ordene un cambio de planes a las empresas.

Critican que este diagnóstico de 2015 se haya quedado ahí, sin aplicar medidas alternativas a la tala, como podas específicas, para reducir el riesgo, y que no haya sido evaluado en años posteriores antes de tomar la decisión definitiva de talar. Quieren explicaciones públicas del Ayuntamiento, que detenga las talas, que publique el informe de los 500 árboles con máximo nivel de peligrosidad que quedan por talar y que evalúe en profundidad cada árbol.