El pacto del PP con Vox en Sevilla incluye un plan para erradicar a los manteros

La ciudad contará con un nuevo Presupuesto el año que viene tras aceptar José Luis Sanz las líneas rojas marcadas por el partido de Santiago Abascal. Esto permite al alcalde popular no someterse a una segunda cuestión de confianza vinculada a las cuentas. A cambio ha tenido que aceptar un control férreo de la inmigración ilegal inscrita en el padrón municipal y la eliminación de las multas por la Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja.

El pacto se concreta en tres folios con siete puntos e incluye también la lucha contra la venta ambulante legal. En el texto se apunta que, “dentro de la Unidad de Intervención Inmediata de la Policía Local de reciente creación, se incorporará una función específica de lucha contra la venta ambulante ilegal, una práctica que supone un perjuicio para el comercio local de la ciudad”. Otra de las novedades son las limitaciones a nuevas viviendas de uso turístico: “Conforme al informe elaborado para el estudio pormenorizado por barrios de la afectación de las viviendas de uso turístico, se reducirán los actualmente vigentes límites del 10% para toda la ciudad a los establecidos en el documento que desglosa los límites por zonas”. El acuerdo se firmó minutos antes de la celebración del Pleno extraordinario para debatir y aprobar las cuentas del año que viene.

A preguntas de los periodistas sobre el acuerdo desvelado por Diario de Sevilla, Sanz se desvinculó de cualquier influencia del resultado de las elecciones extremeñas para alcanzar este pacto ya que, dijo, el Presupuesto se presentó a los grupos municipales mucho antes de estos comicios. El alcalde agradeció a la portavoz de Vox que haya antepuesto “los intereses de la ciudad a los políticos o sus personales”, y aseveró que el acuerdo “se centra en la gestión, se aleja de lo ideológico”.

Muñoz apunta que el acuerdo sobre la inmigración invade las competencias locales

Para la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, se trata de un acuerdo “especialmente satisfactorio al ver cómo se aplican” parte de sus políticas, además de indicar que, ahora, el Presupuesto de la ciudad “destina los recursos a lo verdaderamente importante, optimiza el gasto y se centra en familias, en maternidad, sectores productos y servicios públicos”.

La condición aceptada por Sanz para aprobar el Presupuesto relacionada con la inmigración ilegal fue la que ha generado más controversia. “Exigencia de acreditación de identidad en vigor para el registro en el padrón, mediante la elaboración de un protocolo reforzado de comprobación de residencia de las solicitudes del padrón en un plazo máximo de 15 días, incidiendo en aquellos casos de acreditación dudosa del domicilio mediante los instrumentos de inspección y fomento de la colaboración interinstitucional”, es lo que se puede leer en el acuerdo entre ambos partidos.

Sobre el punto que refleja que se controle el empadronamiento de inmigrantes sin domicilio en la ciudad, Sanz instó a los periodistas a que lean el acuerdo para comprobar en qué consiste antes de negar que vaya a incumplir la ley aplicando este punto. Desde el Partido Socialista, Antonio Muñoz insistió en que el acuerdo presupuestario alcanzado “no sólo supone una cesión política, sino que implica la vulneración directa de la legalidad vigente”, al cruzar lo que ha calificado como líneas rojas legales.

“Aquí no estamos ante una diferencia política, sino ante una vulneración clara de la legalidad vigente. El alcalde ha aceptado condiciones que un Ayuntamiento no puede cumplir sin situarse fuera de la ley”, afirmó el ex alcalde. Entre las principales vulneraciones señaladas, el portavoz socialista advirtió del uso indebido del padrón municipal para fines de control de la situación administrativa de personas extranjeras.

El socialista recordó que la resolución de 4 de julio de 1997 del Instituto Nacional de Estadística y el artículo 18.2 de la Ley de Bases del Régimen Local establecen de forma expresa que el padrón tiene una única finalidad: constatar el hecho de la residencia, sin que puedan derivarse consecuencias jurídicas ajenas a esa función. “La propia normativa es clarísima: el control de la permanencia de ciudadanos extranjeros en España corresponde exclusivamente al Ministerio del Interior. Los ayuntamientos no conceden permisos de residencia, no los controlan”, explicó Muñoz.