Lo peor de la pandemia del coronavirus en las residencias de mayores de Sevilla ya ha pasado y al igual que ocurre con la evolución de la crisis sanitaria las cifras se han moderado. El delegado de la Sección de Personas Mayores y de Protección de Personas con discapacidad de la Fiscalía de Sevilla, Norberto Sotomayor, que desde que comenzó la alerta sanitaria ha investigado la situación en la que se encuentran las residencias de la provincia, señala que la situación actual, más de dos meses después de que se declarara el estado de alarma, está “totalmente estabilizada y controlada”.

El fiscal se remite a las cifras actuales de contagiados y a las que se deban en las primeras semanas de la pandemia, cuando la dichosa curva de contagios no hacía más que subir en la búsqueda del pico desde el que comenzarían a descender los contagios. Según los datos que tiene la Fiscalía y que están actualizados hasta el pasado viernes, en las residencias de mayores de Sevilla hay actualmente sólo 21 casos positivos en Covid-19, precisa el fiscal, que recuerda que en los peores momentos el total de ancianos contagiados llegó hasta las 341 personas –dato registrado el 23 de abril–.

Y lo mismo ocurre con los contagios de los trabajadores sociosanitarios de los centros de mayores, de los cuales actualmente hay 100 empleados de baja laboral tras haber dado positivo, si bien en los momentos más difíciles hubo hasta 347 trabajadores que habían dado positivo.

“La proporción de positivos de antes con la actual no tiene nada que ver”, explica Norberto Sotomayor, que recuerda que desde el 7 de mayo hasta el pasado viernes sólo se han registrado siete fallecimientos de mayores en la provincia de Sevilla. No obstante, la cifra de ancianos que han fallecido durante la pandemia del coronavirus alcanza ya las 150 personas, lo que demuestra que el Covid-19 se ha cebado en las residencias de mayores, algo que se ha producido no sólo en Sevilla sino a nivel nacional y que ha provocado la apertura de numerosas diligencias por parte del Ministerio Público para determinar qué ha podido suceder en estos centros para que se haya registrado un volumen de contagios y de defunciones tan elevados.

La sección de Mayores de la Fiscalía hispalense ha comprobado que hay 16 residencias en la provincia de Sevilla donde se han producido muertes de ancianos por el Covid-19: ocho de ellas están en la capital, otras dos residencias en Dos Hermanas, y una en cada una de las localidades de Arahal, Lebrija, El cuervo, El Viso del Alcor, Paradas y Herrera.Los casos más graves se han registrado en la residencia Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache, donde han fallecido una treintena de ancianos, y la residencia Domus VI, en la capital, donde se produjeron otras 20 defunciones, por lo que ambos centros concentran un tercio de los 150 mayores fallecidos hasta ahora por el coronavirus.

Por cada una de esas 16 residencias donde se han contabilizado defunciones, la Fiscalía mantiene abierta una pieza dentro de unas diligencias informativas, no penales, puesto que hasta el momento el fiscal Norberto Sotomayor sigue sin apreciar que se haya producido una conducta delictiva, en relación con los contagios y defunciones por Covid-19 que se han producido en estos centros.

El fiscal sí que señaló que se han detectado “infracciones de tipo administrativo”, como por ejemplo “no cumplir a rajatabla las normas sanitarias que se han impuesto durante el estado de alarma, como la de guardar la distancia de seguridad” entre los residentes, pero en cualquier caso ha insistido en que se trata de infracciones administrativas, no de índole penal.

La Fiscalía considera que las residencias han cumplido con los requisitos legales que tienen, pero recuerda que no debe olvidarse que no son hospitales. En cualquier caso, el Ministerio Público considera que a la vista de lo que ha ocurrido habrá evidentemente que cambiar los requisitos que se exigen a estos centros y reforzar el sistema de inspecciones en los geriátricos y establecer otras normas, además de pensar que en las residencias, aunque no son centros médicos, tendrán que contar con más personal sanitario, con algunos profesionales especialistas.

A nivel nacional, la Fiscalía mantiene abiertas más de 143 investigaciones penales por la muerte de ancianos en las residencias, en su mayoría en las comunidades de Madrid y Cataluña, según los datos aportados por la Fiscalía General del Estado.