Un nuevo incumplimiento. El Ayuntamiento ha precintado la obra ilegal que se realiza en el número 68 de la calle Sierpes tras comprobar este miércoles que no habían cumplido con el decreto de paralización inmediata, dictado el pasado lunes. Continúa de este modo la mano dura ante unos promotores que no sólo han alterado sin permiso una fachada protegida, sino que no han acatado la orden municipal de suspender los trabajos al no contar con licencia para ello. 

La inspección de la Gerencia de Urbanismo llevada a cabo este miércoles ha comprobado que la obra ilegal en el antiguo local de la Joyería Ruiz proseguía, pese a los requerimientos de esta misma semana. Tras la inspección realizada el pasado lunes se constató que en el local se estaban realizando obras en su fachada que no se correspondían con el contenido de la Declaración Responsable presentada el 29 de julio y que se limitaba a actuaciones menores exclusivamente en el interior del establecimiento para adecuarlo a su nuevo uso comercial. En ningún caso podían extenderse a la fachada de un inmueble encuadrado en el Plan Especial de Protección del Sector 8.3 El Duque-El Salvador del PGOU, y que protege en concreto fachadas, crujías, acceso a tienda, escaparates, rótulos y zona de venta con mobiliario compuesto por muebles, vitrinas, mesas, mostradores y sillas.

En consecuencia, Urbanismo ordenó que se tomaran las medidas que sean necesarias para adecuar la realidad a la ordenación urbanística, reconstruyendo la parte de la edificación protegida afectada por las obras conforme a los criterios de protección que establece la Comisión de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, estableciéndose un plazo de 10 días para el inicio y 20 para su plena ejecución.

La desobediencia en la paralización o suspensión supondrá la imposición de sucesivas multas equivalentes a un 10% del valor de las obras ejecutadas y, en todo caso, de un mínimo de 600 euros y un máximo de 5.000 euros por periodos de 10 días. Esta imposición de sucesivas multas sólo se interrumpirá si el interesado traslada a la Gerencia el cumplimiento de la orden de paralización.

Asimismo, Urbanismo apercibía al promotor de que el incumplimiento de las medidas adoptadas supondría una infracción urbanística calificada como muy grave y dar lugar a una sanción de hasta 120.000 euros. La orden de paralización implica, además, que las empresas de suministros deberán también suspender en el plazo de cinco días las entregas a este local, bajo amenaza también de sanciones coercitivas como mínimo de 600 euros y máximo de 5.000 por periodos de 10 días consecutivos. De la resolución tanto para los gestores del establecimiento del local como para las empresas de suministro se ha dado traslado a la Policía Local a fin de velar por su cumplimiento.