El PSOE vuelve a la carga: tacha de “especulación” la política de vivienda de Sanz

La polvareda que se ha levantado esta semana a cuenta del precio de las viviendas de protección oficial en el antiguo solar de la fábrica de Cruzcampo sigue dando vueltas. Lejos de unas aguas calmadas, continúan los tira y afloja entre grupo políticos y asociaciones de todo tipo contra el Ayuntamiento de Sevilla y su gestión del tema. Sin ir más lejos, Antonio Muñoz, portavoz del grupo socialista en el Consistorio, ha definido la política de vivienda pública de Sanz con una palabra clara y contundente: “especulación”.

Así se ha expresado en un vídeo que compartió en su cuenta de X –antigua Twitter– ayer. El ex alcalde ha manifestado que el uso de este término se debía a que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, “estaba equiparando el precio de las VPO a las de renta libre”. Las consecuencias de esta equiparación, a su juicio, no son otras que dificultar el acceso a una vivienda a las familias con menos ingresos y a los jóvenes.

Por otro lado, el martes, Sanz ha señalado a Pedro Sánchez como único responsable “de bajar el precio de la vivienda protegida en España”. Ante ello, Muñoz ha finalizado su vídeo pidiendo al primer edil “que no eche la culpa al Gobierno de España, con su infantilismo recurrente, porque la equiparación proviene de la ley autonómica de la Junta de Andalucía”.

Cada comunidad actualiza el valor del módulo básico

En esta misma línea ha hecho un vídeo la portavoz de Con Podemos e Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, que también ha colgado en su cuenta de X. “El precio básico de una VPO viene regulado a partir de un Real Decreto de 1978”, ha comenzado la edil en referencia al Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre Política de Vivienda. Por otro lado, ha continuado indicando que “el módulo básico se actualiza periódicamente”. El último precio de referencia es de 2008 y “cada comunidad autónoma puede actualizar este valor en función de la situación de su territorio”, pudiendo reducirlo.

Hornillo ha hecho hincapié en la Junta de Andalucía subió este precio de referencia –fijado en 870 euros– hasta un 14,5% el año pasado, “además de incrementar la subida del IPC”. Por otro lado, el Gobierno autonómico “aplica un índice de ponderación en función de la categoría de vivienda protegida”. En el caso de las de régimen especial, el “metro cuadrado se dispara hasta algo más de 1.341 euros”, un “77% más que el precio estatal de referencia”.

Hornillo ha finalizado su vídeo haciendo hincapié en el que el Ayuntamiento de Sevilla tiene margen de maniobra para negociar con las promotoras el precio final, a cambio de construir en suelo municipal: “En lugar de eso, el alcalde ha reducido a siete años el plazo en el que una vivienda protegida pasa al mercado libre. Lo que construye con dinero público no puede servir para la especulación".

Otro colectivo que se ha pronunciado sobre la situación ha sido la red ciudadana Sevilla Para Vivir. El grupo ha calificado de “indignante” la secuencia de decisiones políticas en la materia. “Son una deriva especulativa contraria a garantizar el derecho a la vivienda”, ha advertido la red de entidades.

Sevilla Para Vivir ha señalado “el estupor social” que provocaron decisiones como la eliminación de 444 viviendas protegidas en la actuación prevista en la Bachillera, la supresión de los cinco proyectos de alojamientos cooperativos que impulsaba Emvisesa o los altos precios de las viviendas protegidas que Emvisesa promueve en la Cruz del Campo que, ha asegurado en un comunicado, “pervierten la naturaleza y finalidad de las viviendas protegidas”.

"Un bulo para justificar lo injustificable"

En este sentido, la red de entidades ha criticado las declaraciones del primer edil quien indicó para justificar los precios de dichas viviendas protegidas en el “incremento del acero, el cemento y el ladrillo”. Según Sevilla para Vivir esa explicación ha demostrado “una falta de sensibilidad social absoluta”, ya que los precios de la vivienda protegida “deben fijarse conforme a la capacidad económica de los sectores sociales a los que debería ir destinada, cubriéndose la diferencia con la intervención pública que las facilita, que para eso está”.

De igual forma, Sevilla para Vivir ha indicado que las declaraciones de Sanz son “un bulo para intentar justificar lo injustificable”, y ha advertido que “no es cierto que el módulo de la vivienda protegida lo fije el Gobierno de España”.