Cuatro hombres de ciencias están detrás de la movilización que los vecinos del Prado de San Sebastián emprendieron hace cinco años en defensa de los jardines del Prado, cuyo final judicial se antoja lejano y largo. Los tribunales tienen que resolver una decena de recursos y otras dos quejas ante el Parlamento Europeo presentados por el barrio, ya que esta zona verde se construyó en su mayor parte con fondos europeos.

Son dos ingenieros industriales (Emilio y Eduardo), un ingeniero naval (Javier) y un licenciado en Física (José Miguel), que movilizaron a sus conciudadanos cuando supieron en 2005 que Urbanismo planeaba segregar 9.000 metros cuadrados del terreno para una biblioteca de la Universidad de Sevilla. Acuden a la entrevista pletóricos con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que les ha dado la razón. "Estamos encantados con la sentencia; nos ha dejado bastante tranquilos", explica Emilio García, ex presidente de la asociación vecinal Prado-Huerta de la Salud, en referencia al fallo judicial del primero de los 10 recursos que el barrio presentó en la justicia contencioso-administrativa.

José Miguel González Cruz, actual presidente, insiste en que "no tiene sentido" que la Universidad siga adelante con la obra después de la sentencia, porque "todo lo que se ha hecho es ilegal" y consideran "triste" que las administraciones pongan en duda una resolución del máximo órgano judicial andaluz muy bien sustentada. "Sería triste que nos den la razón con la biblioteca hecha por persistir en el error", opina José Miguel.

Los cuatro están convencidos de que el Tribunal Supremo resolverá a favor de los residentes los recursos que el Ayuntamiento, la Universidad y la Junta van a plantear contra la sentencia andaluza. Lo creen por la contundencia de los argumentos del Alto Tribunal Andaluz. De ser así tendría que anularse la licencia de obra y demolerse el edificio, que crece a pasos agigantados en la esquina oriental del parque desde el verano pasado. "Apelamos a la razón y a la ley. Sólo nos queda la Justicia, ante la política de hechos consumados a la que se está llegando", sentencia Javier Arístegui, que presidía la asociación cuando se plantearon las primeras quejas sobre la biblioteca.

"Las administraciones no apuestan con su bolsillo. Si hay que demolerla sería un despilfarro, porque quienes la hemos pagado somos todos los ciudadanos", advierte Emilio en referencia a los más de 22 millones de euros que la Universidad invierte en su construcción.

Está por ver quién ganará la batalla. Las dos partes requieren grandes dosis de paciencia, que a los vecinos parece que les sobra.