El ruido, una pandemia

Hace unos 30 años comenzó la iniciativa de celebrar el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Su intención es sensibilizar a la ciudadanía en general, y a las administraciones, de la gravedad del problema.

La falta de empatía social sobre su enorme nocividad, es lo que carga la dejadez administrativa. La contaminación acústica no es una mera molestia, el ruido hace enfermar, desespera, daña seriamente la salud, deprecia las propiedades.

Este año, por primera vez en España, nos hemos unido en la campaña contra el ruido, múltiples organizaciones de carácter social, comprometidas con la defensa del derecho de las personas a vivir en un medio ambiente urbano más adecuado y saludable, con el fin de disminuir la contaminación acústica.

La Unión Europea, a partir del año 2002 (Directiva 2002/49/CE) dio instrucciones a los países miembros para tomar medidas al respecto. En consecuencia, España promulgó la Ley del Ruido en 2003. El problema es que ni el derecho de los países europeos ni la propia ley se adaptaban a la problemática del ruido del ocio español. Existe en nuestro país una despreocupación por el incumplimiento de las normas.

La sentencia 16/2004 de 23 de febrero del Tribunal Constitucional (se tuvo que llegar al Constitucional) fijó los fundamentos de derecho, que posteriormente se han convertido en doctrina. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España (el país más condenado) en numerosas ocasiones. El balance es muy claro: en 2024 se cumplen más de 20 años de sentencias del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia de toda la geografía de nuestro país condenando este contaminante, evidenciando así la tortura continua a la que estamos sometidos los ciudadanos.

Los tribunales y más concretamente los civiles, son la única solución posible. Y mientras antes se acuda, cuando el problema es severo, mejor.

La contaminación acústica y la exposición al ruido vulnera derechos constitucionales tales como el derecho a la intimidad personal, a la inviolabilidad del domicilio, a un medio ambiente adecuado, a la integridad física (el ruido es tortura e inhumano), a la libre elección de domicilio y el derecho a la salud y a la propia libertad. La emisión de ruidos y vibraciones puede llegar a ser constitutivo de un delito medioambiental. La situación del ruido en España continúa empeorando progresivamente.

El Instituto de Salud Carlos III ha indicado recientemente que "el ruido es una variable relacionada con los ingresos hospitalarios de salud mental de urgencia en general para todos los grupos de edad, y supone un porcentaje de ingresos anuales muy importante". El ruido está vinculado con la demencia, ictus, enfermedades cardiovasculares, depresión, ansiedad, absentismo laboral y escolar, depreciación de viviendas, falta de comunicación, problemas digestivos y un largo etcétera.

El ruido mata. ¿Qué ocurre en nuestra ciudad? El problema es más grave si cabe. El Ayuntamiento, ni está, ni se le espera para resolver este problema. Los funcionarios públicos a fuerza de convivir con el tema, han dejado de servir al ciudadano.

La economía es muy citada por los políticos y el turismo. Pero parece ser que se han olvidado de los que vivimos aquí y les votamos. Sevilla es pura terraza, llena de conciertos, verbenas, sin filtros ni cautelas. Medio ambiente debe ser prevención.

La victimización secundaria es patente, por la insatisfactoria respuesta que las instituciones, de cara a una tutela eficaz, ofrecen. El peregrinaje institucional es obvio. La falta de información y la obstaculización para obtenerla es evidente.

Una ciudad donde se han momificado las zonas saturadas, que de nada sirven. La Administración no escucha, ni siquiera a los más vulnerables.

Todo ello, a pesar de que en teoría nuestra Constitución no consagra derechos meramente teóricos, sino derechos que pretenden ser efectivos.