El sindicato CSI-CSIF volvió a denunciar ayer la "escandalosa" falta de medios personales y materiales de los juzgados de lo Penal de Sevilla, y en concreto del número 1, donde estalló el caso Mari Luz por la demora en la ejecución de una condena al pederasta Santiago del Valle, presunto asesino de la niña onubense. La falta de medios ha hecho, según un escrito remitido por el sindicato a la Delegación Provincial de Justicia, que desde hace tres meses, en diciembre pasado, esté paralizado el negociado donde se estaba ejecutando la sentencia que condenó a Santiago del Valle.

CSI-CSIF ha recordado que de los dos refuerzos con que la Junta había dotado al juzgado de lo Penal número 1, sólo se ha prorrogado uno de ellos, lo que, unido a las bajas por enfermedad de tres funcionarios, ha provocado que la situación de la plantilla en este órgano no haya hecho sino empeorar.

El sindicato ha señalado que tres funcionarios de este juzgado se encuentran de baja por enfermedad y que la Junta sólo ha cubierto dos de las vacantes, por lo que "una plaza queda por cubrir desde hace dos semanas". CSI-CSIF hace hincapié en que dos de estas bajas se deben a sendos "síndromes de ansiedad" y precisa que este extremo "no debe pasar desapercibido a la Administración, desde el punto de vista de la salud laboral y de las condiciones en que se presta el trabajo".

En cuanto al negociado de ejecutorias que tramitaba la condena del presunto asesino de Mari Luz, la funcionaria que estaba a su cargo es una de las que está de baja por enfermedad y fue sustituida por otra trabajadora que también está enferma. El 24 de febrero, la Junta designó a una interina que procedía del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que "únicamente había trabajado con anterioridad en el orden contencioso-administrativo", por lo que carece de experiencia en la jurisdicción penal y, además, no ha recibido formación al respecto.

CSI-CSIF considera que esta situación "no es imputable" a la funcionaria interina designada, que fue adscrita por la secretaria del juzgado al negociado de señalamientos, de menor complejidad técnica, una iniciativa que el sindicato califica de "loable". La consecuencia directa ha sido que el negociado que tramitó la ejecutoria del caso Mari Luz "continúa parado desde el mes de diciembre, por no estar cubierta la totalidad de la plantilla desde entonces".

La "lamentable" situación ha provocado que sólo tres funcionarios tengan que tramitar las más de 900 ejecutorias que actualmente hay en el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, lo que unido al trabajo añadido que ha generado la implantación del registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes, está llevando a este órgano a un estado límite. "En estas condiciones no se puede trabajar, y hay que advertir de las peligrosas consecuencias que puede acarrear el abandono de este juzgado por parte de la Consejería de Justicia y Administración Pública", asevera CSI-CSIF en el escrito remitido a la Junta.

El sindicato reclama que se prorroguen los refuerzos que se habían acordado inicialmente y se cubran las vacantes por enfermedad porque, según afirma, no consentirán que en el futuro puedan exigirse responsabilidades a los funcionarios "cuando la verdadera responsabilidad es únicamente imputable a la dejadez y falta de sensibilidad de la Administración ante estos gravísimos problemas".