La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha cedido una parcela de 6.500 metros cuadrados para construir la sede sevillana del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en el que trabajan casi un centenar funcionarios y da cobertura a más de 10 millones de ciudadanos de Andalucía, Canarias y Extremadura.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, y el rector de la UPO, Francisco Oliva Blázquez, han presidido este viernes, por tal motivo, la firma del convenio de cesión de los terrenos, un acto en el que ha estado también presente Manuel Alejandro Cardenete, viceconsejero de Justicia de Andalucía.

El director del Instituto Nacional de Toxicología, Antonio Alonso Alonso, ha explicado a Efe que esta cesión supone un “avance fundamental” para el organismo por el “problema de espacio” de la actual sede, que “se ha quedado pequeña”. La previsión “realista” es que la nueva sede esté en funcionamiento en cuatro años, según Alonso, quien ha destacado el hecho de que estarán junto al Instituto de la Grasa y otro centro que investiga la genética del desarrollo, lo que les permitirá “sinergias” en el trabajo de investigación.

Alonso ha subrayado que la labor del instituto “es muy mutidisciplinar” y abarca desde la investigación criminal para determinar las causas de una muerte a la identificación de desaparecidos, así como valoraciones medioambientales o de alijos de droga.

7.000 informes desde Sevilla

Los funcionarios que trabajan en el instituto permiten responder a las cuestiones de “qué, cómo, cuándo y por qué sucedió un hecho criminal”, ha explicado su director antes de apuntar que emiten al año unos 33.000 informes periciales a los distintos tribunales de justicia, unos 7.000 desde la sede de Sevilla.

El Instituto Nacional de Toxicología dispone de cuatro sedes: Madrid, Barcelona, Sevilla y La Laguna. El departamento de Sevilla cuenta en la actualidad con una plantilla de 80 funcionarios, compuesta por 42 facultativos, 20 técnicos especialistas de laboratorio y 18 ayudantes de laboratorio. La actual sede en la capital andaluza se encuentra en la Avenida Doctor Fedriani, cerca del barrio de San Jerónimo y frente al cementerio de San Fernando.

Para el nuevo edificio, Alonso ha detallado que este año pretenden culminar el proceso de licitación y apuntó que el Ministerio de Justicia cuenta con un presupuesto inicial de 11 millones de euros, una cifra que será “variable” y a la que habrá que sumar el equipamiento para permitir una “renovación tecnológica” de la sede sevillana.

Colaboración de tres administraciones

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha afirmado en el acto oficial que la nueva sede permitirá llevar “la excelencia y la calidad” a la administración de justicia y ha asegurado que este proyecto será una realidad gracias al “esfuerzo” y la colaboración de la UPO, del Estado y de la Junta de Andalucía. También ha alabado la “generosidad” de la universidad sevillana, que ha definido como “joven y con solera por lo mucho que está haciendo”.

“Hoy ponemos la firma y ojalá, pronto, la primera piedra para inaugurar un centro de calidad que va a repercutir en el trabajo de los 80 funcionarios con los que cuenta y, en definitiva, con la importante labor que desarrolla el Instituto de Toxicología de Sevilla”, ha abundado Campo.

El rector de la UPO, por su parte, ha hecho hincapié en que la nueva sede del Instituto de Toxicología, que estará unida en metro con los tribunales, “reforzará” el perfil investigador de la universidad, una actividad que con la pandemia de coronavirus es cada vez más demandada por los ciudadanos y que debe estar “preparada para nuevos retos”.

Gestionado desde 2019

La cesión de estos suelos comenzó a gestionarse en la primavera de 2019, cuando varios responsables del instituto negociaron la cesión con el anterior rector de la UPO, Vicente Guzmán. Se ha tardado dos años en formalizar dicho acuerdo. 

Al acto también han acudido la delegada del Gobierno en Andalucía, Sandra García; el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano; la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Fundaciones de la UPO, Laura López de la Cruz, así como el director del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla, Manuel Salguero.