Sevilla se prepara para una gran protesta sindical "contra la privatización de servicios públicos"

La denuncia judicial interpuesta este martes ante la Fiscalía de Sevilla por los concejales Ignacio Manuel Flores Berenguer, responsable del Área de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos, y Blanca Gastalver Molina, responsable del Área de Educación y Juventud, contra un grupo de personas, presuntamente empleados de la limpieza municipal, por "actos de intimidación" en el entorno del Ayutamiento sevillano ha coincidido en el tiempo con una intensificación de la respuesta sindical frente a lo que consideran una "política de externalización" del Gobierno municipal.

Así todo, representantes de los más de 10.000 trabajadores del Ayuntamiento de Sevilla han escenificado este martes su unidad "contra la privatización de los servicios públicos" en una reunión celebrada en el centro cívico Entreparques.

En el encuentro, en el que participaron CCOO junto al resto de sindicatos con representación en el comité de empresa del Consistorio y en empresas municipales como Emvisesa, Emasesa, Gerencia de Urbanismo, Lipasam, Tussam, Real Alcázar o el Instituto Municipal de Deportes, se anunció una manifestación para el próximo 19 de febrero. La protesta tendrá como principal objetivo exigir al alcalde, José Luis Sanz, que dé marcha atrás en la externalización de servicios como la limpieza pública de los colegios.

Desde CCOO se advierte de que esta decisión "no sólo afecta a este servicio", sino que, a su juicio, "forma parte de una estrategia más amplia que estaría dejando sin cubrir vacantes esenciales para la prestación adecuada de los servicios públicos, con la finalidad de acabar privatizándolos". El sindicato acusa al alcalde de una "incapacidad total para gestionar desde lo público" y de propiciar una "precarización" tanto del servicio como de las condiciones laborales, “con especial impacto en la limpieza de los centros educativos".

A la movilización sindical se ha sumado el respaldo de Facua Sevilla. Su secretario general, Jordi Castilla, participó en el encuentro junto a representantes de CCOO, UGT y el Sindicato de Empleados Municipales, y reiteró las críticas de la asociación de consumidores a la privatización de la limpieza de colegios y otros edificios públicos. Facua alerta de la "posible pérdida de empleo y del deterioro de la calidad del servicio, así como de una reducción de los mecanismos de control y rendición de cuentas en un servicio esencial".

El conflicto ha trascendido además al ámbito parlamentario. Así, la diputada de Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha anunciado que llevará la problemática al próximo pleno del Parlamento andaluz tras reunirse con trabajadores del servicio. Iza ha defendido que el servicio actual funciona correctamente y ha criticado que la privatización suponga un mayor coste para las arcas municipales, al pasar, según sus cálculos, "de 16 a 25 millones de euros, con peor servicio y más gasto público".