Dos concejales de Sevilla llevan a la Fiscalía el 'escrache' de los trabajadores de limpieza

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha decidido elevar a instancias judiciales los incidentes ocurridos el pasado viernes. Los concejales Ignacio Manuel Flores Berenguer, responsable del Área de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos, y Blanca Gastalver Molina, responsable del Área de Educación y Juventud, han presentado formalmente una denuncia ante la Fiscalía contra un grupo de personas, presuntamente empleados de la limpieza municipal, por "actos de intimidación".

Según consta en el escrito presentado este martes 3 de febrero, los denunciantes fueron abordados a la salida de la sede del Consistorio. El documento describe que ambos ediles fueron "increpados con insultos e intimidados" por un grupo numeroso de personas que los siguió durante su recorrido a pie por las inmediaciones del edificio municipal.

La denuncia vincula directamente estas acciones con la tensión laboral existente en el sector de la limpieza. El texto señala que el hostigamiento tendría como objetivo "amedrentar a los miembros del Gobierno municipal" en relación con la externalización del servicio de limpieza de los colegios, una medida que ha generado fricciones entre el ayuntamiento y el colectivo de trabajadores.

Dado que los presuntos autores no han sido identificados de forma individualizada en el momento de la interposición del escrito, los concejales han solicitado la apertura de diligencias para acreditar la comisión del presunto delito. Para ello, han propuesto diversos medios de prueba ante el Ministerio Fiscal con el fin de identificar a los intervinientes en los hechos descritos. Entre ellas, se destaca la intervención de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, quienes tuvieron que actuar para preservar la integridad de los concejales e identificar a algunos de los presentes que intentaban intimidarlos. Asimismo, se cita como testigos presenciales a dos agentes de la Policía Local pertenecientes a la Unidad de Escolta.

El Ayuntamiento considera que las conductas descritas no son meras protestas laborales, sino que podrían ser constitutivas de delitos tipificados en el Código Penal. Concretamente, señalan un presunto delito de coacciones e intimidación, recogido en el artículo 172, y un delito de injurias, previsto en el artículo 208.