Sevilla

El sindicato de la Policía elevará al juez la invasión de sus competencias

  • El Sppme-A denuncia un posible delito contra la seguridad vial

Un nuevo frente judicial se abre en el conflicto que enfrenta al Ayuntamiento y al sindicato de la Policía Local por la falta de acuerdo sobre el pago de las horas extras y las repercusiones que la escasez de agentes está teniendo en la regulación del tráfico en la ciudad los fines de semana. El presidente del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme-A), Manuel Bustelo, anunció ayer que la organización sindical presentará una denuncia en el juzgado de guardia para que se investigue si se está cometiendo un delito con la sustitución de la Policía Local por personas condenadas que realizan trabajos en beneficio de la comunidad en Protección Civil para efectuar labores de control del tráfico en la ciudad, una materia competencia de la Policía Local.

La denuncia se produce una vez que el sindicato ha logrado recabar pruebas fotográficas que demuestran como una de estas personas -que ni siquiera es voluntario de Protección Civil en sentido estricto- participó el pasado sábado en el control del tráfico en la procesión de la Virgen de los Dolores de la Parroquia de San José Obrero.

El presidente del Sppme-A, Manuel Bustelo, aseguró que esta misma semana se presentará la denuncia en el juzgado de guardia, al estimar que estos hechos podrían constituir un delito contra la seguridad vial. La denuncia se articulará por la posible comisión de un delito del artículo 385 del Código Penal que castiga con penas de hasta dos años de prisión al que origine un grave riesgo para la circulación "sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio".

El representante sindical recuerda que la ley de gestión de emergencias en Andalucía dice en su artículo 28.2 que "mediante la acción voluntaria no se podrán reemplazar actividades que estén siendo desarrolladas por medio de trabajo remunerado o servir para eximir a los poderes públicos de garantizar las prestaciones o servicios que ya han sido asumidos por las administraciones públicas".

Bustelo llamó la atención sobre la responsabilidad del Ayuntamiento. "El alcalde sigue jugando a la ruleta rusa, pero colocando la pistola en la cabeza de los ciudadanos", afirmó en alusión a que pueda producirse "una desgracia o un accidente porque no se atiendan las indicaciones de estas personas no autorizadas para regular el tráfico. ¿Culpará el Ayuntamiento también en ese caso al grupo de radicales de la Policía?", se preguntó.

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