El juez toma declaración a los imputados del caso Marismas

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha citado a declarar el próximo jueves a los primeros imputados por las irregularidades en los procedimientos de adjudicación de obras seguidos por la comunidad de regantes Marismas del Guadalquivir, en relación con la subvención de 40,1 millones de euros que recibió en 2004 para la modernización de su red de riegos. Entre las 21 personas imputadas se encuentran cinco ex altos cargos de la Consejería de Agricultura -tres de los cuales declararán el jueves-, un técnico de este mismo departamento, así como ocho miembros de la mesa de contratación de la Comunidad de Regantes y el resto son representantes de las UTE que intervinieron en el concurso.

En marzo pasado, el magistrado imputó a las 21 personas que había solicitado la Fiscalía de Sevilla, así como a los administradores de tres de las UTE que participaron en el concurso. Las declaraciones han sido fijadas entre los días 11 y 26 de junio próximos.

De los cinco ex altos cargos imputados los primeros en declarar este miércoles serán Francisco Ruiz Orta, director general de Regadíos de la Consejería de Agricultura; Carlos Javier Rodríguez Pérez, jefe del departamento de Infraestructuras Agrarias y Actuaciones Estructurales de la delegación provincial de Agricultura y componente de la mesa de contratación; y Manuel Antonio Cruz-Guzmán López, jefe del departamento de Infraestructuras Agrarias y Actuaciones Estructurales de la delegación provincial de Agricultura. En los días siguientes tendrán que declarar los otros dos ex altos cargos: Julián Martín Jorreto, jefe de servicio de Promoción Rural, y Tomás Martínez Jiménez, director general de Regadíos y Estructuras de la Consejería de Agricultura.

Según el instructor, los hechos que se investigan pueden ser constitutivos de delitos de falsedad en documento oficial por funcionario público, delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La subvención fue concedida por la Junta y cofinanciada por el Feoga-Orientación y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) realizó un informe en el que detectó "graves" irregularidades en la adjudicación de las obras, un informe efectuado tras la investigación judicial abierta a raíz de la denuncia interpuesta por el presidente de la comunidad de regantes.

Además de estas 21 imputaciones, la Fiscalía ha pedido la imputación de las "personas físicas que a la fecha de estos hechos, según se desprenda de las correspondientes certificaciones registrales, hubieren ocupado el cargo de administrador de las uniones temporales de empresa Teconsa/Elecnor/Meci/Tegner, Befesa/Alpi y Construcción, así como quienes hayan ocupado tal puesto en las empresas que constituían las UTE", precisaba la Fiscalía en un escrito remitido en su día al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla.