La encrucijada del torero José Ortega Cano ya tiene un límite temporal. La juez de lo Penal número 6 de Sevilla ha dado un plazo de diez días a José Ortega Cano para que ingrese de forma voluntaria en prisión para cumplir la condena de dos años y seis meses que se le impuso por el accidente que costó la vida al vecino de Castilblanco de los Arroyos Carlos Parra Castillo.

Tan sólo un día después de que la Audiencia de Sevilla confirmara que no había lugar a la suspensión de la ejecución de la condena mientras se tramita el indulto solicitado por la defensa de Ortega Cano, el juzgado ha remitido un exhorto al domicilio del torero, en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, en el que se le comunica que, una vez dictada esa resolución, debe procederse a la ejecución de la sentencia, lo que implica el ingreso en prisión del acusado, según confirmaron a este periódico fuentes del caso.

En la comunicación del juzgado también se le concede un plazo de diez días al torero para que proceda a ingresar de forma voluntaria en cumplimiento de la sentencia. Según las mismas fuentes, la resolución detalla incluso que puede optar por acudir a un centro penitenciario ubicado en Madrid o en Sevilla, aunque el penado tiene derecho a acudir inicialmente a cualquier prisión cuando ingresa de forma voluntaria, con independencia que posteriormente la secretaría general de Instituciones Penitenciarias pueda decidir dónde mantenerlo por necesidades de organización interna.

El abogado Enrique Trebolle, que defiende a José Ortega Cano, explicó ayer a este periódico que no tiene ninguna comunicación oficial del juzgado de lo Penal número 6 de Sevilla ordenando la ejecución de la sentencia y el ingreso voluntario del penado, aunque anunció que ha solicitado a la juez que ordene que un médico forense examine a Ortega Cano para valorar si, en función de los informes médicos objetivos, su dolencia cardiaca es "compatible" con su estancia en prisión, de acuerdo con el artículo 80.4 del Código Penal.

Este precepto establece precisamente que los jueces y tribunales sentenciadores "podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo". Enrique Trebolle explicó que, según los médicos, José Ortega Cano tiene la arteria descendente derecha "bloqueada", por lo que existe un "alto porcentaje" que le hace propenso a lo que se denomina como "muerte súbita".

El letrado añadió que no quiere que el torero "muera en la cárcel", por lo que considera de vital importancia la realización de ese informe por parte de los forenses adscritos al juzgado. Si una vez que los forenses examinan al torero y concluyen que su dolencia es compatible con su estancia en prisión, en ese caso habría que ejecutar la sentencia y el diestro tendría que ingresar en prisión.

La decisión del juzgado de lo Penal número 6 de fijar un plazo al torero para su ingreso en prisión se produce después de que la Audiencia de Sevilla haya rechazado esta misma semana el recurso que presentó la defensa contra la negativa de la juez que enjuició el caso a suspender su encarcelamiento mientras se tramitaba el indulto, al que también se han opuesto la Fiscalía de Sevilla y los abogados de la familia de la víctima.

La Sección Primera de la Audiencia aseguró en esta última resolución que los motivos de salud alegados por la defensa no son suficientes para evitar el ingreso en prisión, ya que, según los jueces, no concurre "ninguna circunstancia excepcional ni extraordinaria para la concesión de la suspensión", porque además se cuenta con los servicios médicos de Instituciones Penitenciarias, "que velan por la salud de toda la población reclusa".