El fiscal coordinador de Extranjería, Joaquín Sánchez-Covisa, ha planteado la necesidad de que haya una legislación específica que regule "convenientemente" los centros de internamiento de extranjeros (CIE) para dotarlos de los medios y del personal especializado que requieren estos centros para un correcto funcionamiento.

"Hasta ahora, se está haciendo más bien que mal -esta asistencia- por parte de la Policía, pero con unas normas reglamentarias de segundo grado", ha asegurado en declaraciones a Efe el jefe de los fiscales de Extranjería, entre cuyas competencias está el control e inspección de los centros donde permanecen los inmigrantes mientras se tramitan sus expedientes.

Entre los nueve CIE que existen en España, los hay que funcionan adecuadamente, pero otros son "manifiestamente mejorables" tanto en instalaciones como en los medios humanos y de asistencia que necesitan, diagnostica el fiscal, que asumió estas competencias hace poco más de un año.

"Quizás el origen de todo el problema -ha señalado- se encuentre en que no existe una legislación específica reguladora de la materia con su plenitud y donde se prevea la incorporación de especialistas y de todo el personal adecuado para que los centros funcionen convenientemente".

Sánchez-Covisa reconoce el trabajo realizado hasta el momento por las Fuerzas de Seguridad del Estado y las limitaciones con que se enfrentan, por lo que estima necesario "una legislación que regule convenientemente estas normas".

Respecto a una eventual ampliación de 40 a 60 días del plazo legal máximo de reclusión de los inmigrantes irregulares en los centros de internamiento españoles, el fiscal ha asegurado que "puede servir para supuestos excepcionales", en que se necesita más tiempo para recabar la información precisa para resolver el proceso administrativo.

No obstante, ha recordado que la Constitución señala que el plazo será el "imprescindible" para que se pueda producir el retorno, la devolución o la expulsión, así que no siempre habría que agotar esos días, lo que ha relacionado con la doctrina del Tribunal Constitucional.

La directiva europea sobre el retorno establece un internamiento de hasta seis meses ampliable a 18 meses en casos excepcionales en que haya problemas de identificación.

También entre sus competencias se incluye la persecución de los casos de trata de personas, "uno de los problemas que más preocupa" al Ministerio Público porque es el tercer negocio ilegal del mundo detrás del tráfico de drogas y de armas, según ha recordado.

En 2007, la Policía desarticuló 115 redes dedicadas a la trata de personas para su explotación sexual, a las que habría que sumar las de explotación laboral o de otro tipo.

En cuanto a una supuesta relación entre delincuencia e inmigración, el fiscal ha aseverado que "no existe ningún estudio riguroso fundado en datos objetivos y fiables y con presupuestos razonables" para establecer esa vinculación.

"No tiene nada que ver el delito cometido por un extranjero y el delito relacionado con la inmigración, son dos categorías jurídicas distintas", ha apostillado.

"Hasta que no se haga un estudio riguroso sobre la materia, en la que intervenga por supuesto la Fiscalía General del Estado, a través de un sistema informático que estamos ideando de control de delitos en los que intervienen extranjeros, que no necesariamente tienen que ser inmigrantes, no se podrá llegar a conclusiones fidedignas", ha concluido.

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