El Gobierno cree que con el estado de alarma todo era más "sencillo" porque se evitaban situaciones como el varapalo judicial a las medidas anticovid en Madrid, pero de momento su opción es que sean las comunidades, aunque bajo su coordinación, las que combatan la pandemia con sus herramientas. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, recordó ayer que, "desde el primer momento", el Ejecutivo ha mantenido que no descartaba volver a declarar el estado de alarma si era necesario ante el auge del coronavirus pero, de momento, no es su opción.

"Nuestra opción es que dentro de las competencias de las comunidades autónomas pueda haber una coordinación excelente y una prevención siempre basada en criterios científicos. Eso es lo que se está haciendo", afirmó en una entrevista en RNE.

Garzón valoró que todas las regiones, "independientemente del color político", estén manteniendo "una decencia muy alta, un esfuerzo y una dedicación enormes para combatir un virus que no discrimina entre colores políticos".

Todas menos Madrid, a la que acusó de estar utilizando la pandemia para "atacar y desgastar al Gobierno". Pero en esta comunidad están convencidos de que es el Gobierno central y su "dejación de funciones" es la que "expande la pandemia", en palabras de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

"Ya advertí el pasado día 15, y en numerosas ocasiones, que necesitamos que el Gobierno central deje de estar ausente porque provocaría decisiones en cascada de las autonomías, y unas son aceptadas y otras no. La dejación de funciones expande la pandemia", escribió en su cuenta de Twitter.

Porque lo que ha sido rechazado en Madrid ya está en vigor en muchas otras comunidades. Castilla-La Mancha fue la última ayer en publicar en el diario oficial de la región el nuevo decreto de medidas para frenar la pandemia, a las que añade como novedad la prohibición de venta de alcohol entre las 22:00 y las 8:00 horas excepto en la hostelería y la restauración.

De momento, Madrid va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia la decisión del juez de lo contencioso que rechazó ratificar la orden autonómica que aplicaba las medidas consensuadas con el Gobierno el pasado 14 de agosto, amparándose en que desde una comunidad "no se pueden limitar derechos fundamentales con carácter general sin una previa declaración de la alarma".

La que fuera la región más azotada por el coronavirus en el pico de marzo y abril encara ahora el fin del verano con los contagios disparados -más de 29.000 positivos en un mes-, un incremento que ha obligado a replantear la vuelta al colegio y ha provocado que las autoridades sanitarias aconsejen quedarse en casa a los vecinos de las zonas más afectadas.

También se ha visto obligada a acudir a los jueces para que determinen que las autoridades policiales puedan hacer un seguimiento de los positivos que se saltan el confinamiento obligatorio en su casa, tal y como apunta la información que han aportado a la región los médicos de atención primaria.