Murcia y Navarra rechazan acatar la ley del aborto en su primer día en vigor

La nueva ley del aborto entró ayer en vigor con la resistencia de las comunidades de Murcia y Navarra, mientras que el Gobierno confía en que en todas las autonomías se aplicará "con toda normalidad" y "sin mayores problemas".

El consejero portavoz del Ejecutivo navarro, Alberto Catalán, afirmó que la práctica de abortos en la región "va a seguir siendo el mismo", es decir, se garantizarán las interrupciones voluntarias del embarazo a las mujeres en los supuestos legales, pero las intervenciones se harán fuera de la Comunidad Foral, tal y como explicó la consejera de Salud, María Kutz.

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aseguró que "no hay razones para acatar" la ley del aborto puesto que ésta "todavía no está en su punto y final", debido a que el Tribunal Constitucional (TC) no ha decidido aún sobre los recursos presentados por el PP y el Gobierno de Navarra.

La portavoz de Política Social del PP, Sandra Moneo, preguntada por las declaraciones de Valcárcel explicó que las comunidades que gobiernan los populares "harán el máximo esfuerzo por ofrecer a las mujeres y jóvenes toda la información" que necesiten ante embarazos no previstos.

Primero la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y poco después el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendieron la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo porque, a su entender, está destinada a prevenir las concepciones no deseadas y reducir el número de abortos.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se mostró también convencido de la constitucionalidad de la ley y subrayó que ésta ofrece más protección tanto a las mujeres como a los profesionales.

Sin embargo, y aunque Aído destacó "la lealtad institucional" de las autonomías, Murcia y Navarra ya han anunciado su rechazo a la ley.

Estas autonomías no han sido las únicas voces críticas con la ley, la Conferencia Episcopal consideró que la norma "impone" en el sistema educativo obligatorio la ideología abortista y de género". También varias asociaciones, encabezadas por el Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM) presentaron ante el TC un recurso colectivo de amparo contra la ley del aborto, entre otros motivos, por la "ley de plazos".

Con la reforma de la ley, las mujeres pueden interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación sin necesidad de dar explicaciones y hasta la 22 en caso de riesgo para su salud física o psíquica y también por enfermedad grave o malformaciones del feto.

En este sentido, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) estimó que la discapacidad "nunca" puede ser un hecho relevante que permita o determine "tratos desiguales a los derechos" y tachó la norma de discriminatoria.

Además, Ginecólogos por el Derecho a Vivir, formado por expertos en la materia de la plataforma ciudadana Derecho a Vivir, denunció que en la primera jornada no se informó a las mujeres de todas las alternativas y ayudas existentes para la maternidad.