Más de un centenar de sociedades científicas han pedido la retirada del proyecto de ley del aborto y han advertido de que si se aprueba tal como está planteado al menos 50.000 mujeres tendrán que recurrir cada año a un aborto clandestino en condiciones de inseguridad. Sesenta sociedades españolas, unas 26 europeas (de ellas, 20 de la Unión Europea como la European Society of Contraception) y más de cuarenta iberoamericanas han firmado un manifiesto en el que exigen la retirada del anteproyecto por "inadecuado, injusto y peligroso para la salud y la vida de las mujeres". El documento señala que la reforma de la actual legislación supondría que más del 90 por ciento de los abortos que se han realizado en los últimos años serían ilegales. 

El doctor Modesto Rey Novoa, de la Sociedad Española de Contracepción (SEC), ha puesto el acento en las consecuencias que para la salud de la mujer tendrá la nueva ley y ha explicado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) cifra entre 20 y 520 fallecimientos al año por cada 100.000 abortos inseguros. Aunque se ha mostrado prudente a la hora de extrapolar esos datos a España (supondría entre 10 y 260 muertes anuales como consecuencia de los 50.000 abortos clandestinos que traería consigo la nueva ley), el doctor Rey Nova ha asegurado que "lo que sí es seguro es que estas consecuencias se pueden producir". 

A este respecto, el presidente de la SEC, José Vicente González Navarro, ha señalado que las dos únicas opciones que le van a quedar a la mujer española es viajar a un país vecino si tiene dinero o recurrir al aborto clandestino. En cuanto al papel que van a jugar los médicos, el doctor Rey Novoa ha asegurado que "van a seguir del lado de las mujeres para intentar que los abortos clandestinos sean lo más seguros posibles". Ha incidido en que la interrupción voluntaria del embarazo es una práctica universal, que se da en todos los lugares y entre todas las mujeres, "y se va a seguir dando a pesar de lo que digan las leyes". Este médico ha criticado que el proyecto considera "estúpidas" a las mujeres e iguala a España a las legislaciones más restrictivas. 

A este respecto, la doctora Isabel Ramírez, presidenta de la Confederación Iberoamericana de Contracepción, una de las firmantes del manifiesto, ha subrayado que el modelo que se pretende imponer situará a España al nivel de los países en desarrollo. El manifiesto pone de relieve también que el coste de realizar un aborto seguro es diez veces menor que el coste de tratar las consecuencias de un aborto inseguro. A ello hay que sumar los costes indirectos (sociales y familiares) que supondrá el que la ley no incluya la malformación del feto entre los supuestos para abortar, ha destacado la doctora Ramírez. "La actual ley funciona y no genera ningún tipo de conflicto", ha subrayado el presidente de la SEC, quien ha recalcado que, además, no ha supuesto un aumento del número de abortos.