Los cuidados informales prestados por parte de personas no profesionales pertenecientes al entorno familiar y afectivo de los mayores dependientes durante 2008 supusieron un ahorro de entre 25.000 y 40.000 millones de euros para las arcas públicas, dependiendo del precio asignado a la hora de cuidado. Esas cifras serían equivalentes a entre un 2,29 por ciento y un 3,79 por ciento del PIB del mismo año, aunque en algunas comunidades autónomas llegarían a superar el 6%.

Así se refleja en un estudio realizado por el profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Oliva, junto a Cristina Vilaplana (Universidad de Murcia) y Rubén Osuna (UNED), para el Instituto de Estudios Fiscales, que será publicado próximamente. El trabajo analiza una parte del beneficio social que proporcionan los cuidados no profesionales planteando el escenario hipotético de los recursos públicos que habría que movilizar (servicios sociales) si hubiera que sustituir completamente su labor.

Para la valoración de las horas de cuidado, los investigadores han analizado tres escenarios: en el primero se tiene en cuenta el valor medio de la hora de servicio público de ayuda a domicilio de las tres comunidades autónomas que menor valor refieren: Extremadura, Cantabria y Galicia (7,67 euros). En el segundo escenario se ha empleado el valor medio referido por el total de las CCAA (12,71 euros) y en el tercero se imputa el valor de la hora de servicio público por cada autonomía a las horas de cuidado estimadas en su territorio (entre 6,18 y 22,77 euros). En el escenario 1 el estudio cifra el ahorro para el Estado en 24.917 millones de euros; de 42.291 millones en el escenario 2 y de 39.156 millones en el tercero.

Por comunidades autónomas, el mayor ahorro correspondería a Andalucía (entre 5.263 y 8.721 millones de euros), seguida de la Comunidad Valenciana (entre 3.153 y 5.196 millones), Cataluña (entre 2.948 y 5.585 millones) y Galicia (entre 2.455 y 4.069 millones).