Parecen que todos están de acuerdo pero no terminan de dar el paso definitivo para ponerlo en marcha. Liberar las patentes de las vacunas del coronavirus se ha convertido en el centro del debate de la pandemia, toda vez que el proceso de vacunación en muchos de los países ya está avanzado y se encuentra la necesidad de que lleguen más dosis a todos los rincones del planeta al menor precio posible para que la circulación a nivel mundial no ponga en peligro la extensión del virus.

La decisión de la Administración del presidente estadounidense Joe Biden de apoyar en la Organización Mundial del Comercio (OMC) la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el coronavirus mientras dure la pandemia hace indicar que los países desarrollados puedan buscando pronto soluciones ante la dramática situación que actualmente sufren países como la India y Brasil.

¿Por qué suspender las patentes de las vacunas del coronavirus? 

El químico Javier Maira, responsable del Área de Estrategia Comercial e Internacionalización del CSIC, analiza un hecho que, en cualquier caso, habrá que tener en cuenta no soluciona todos los problemas, "ya que para fabricar las vacunas del covid-19 es necesario disponer del conocimiento de la tecnología base de la vacuna, además de las instalaciones apropiadas, así como las condiciones idóneas de fabricación y distribución de las mismas".

Las patentes surgieron en la Republica de Venecia, en 1474, y son una herramienta fundamental para la innovación y el progreso de un país. Permiten recompensar a aquellas personas o empresas que realizan un esfuerzo importante para inventar y desarrollar nuevas tecnologías, por lo que fomentan la innovación y permiten el desarrollo tecnológico del país.

Cuando un estado concede una patente está otorgando al titular de la invención protegida por ésta el derecho exclusivo de explotar dicha invención por un periodo de 20 años (en Europa). A cambio, exige a dicho titular que describa en detalle dicha invención para hacerla pública, y forme parte del conocimiento científico y tecnológico, pudiendo ser un documento inspirador para otros científicos o inventores.

Cuando un país europeo concede una patente está otorgando el derecho exclusivo de explotar dicha invención por un periodo de 20 años

Sin embargo, esta herramienta tan necesaria puede suponer un problema en el caso particular en el que la empresa que disponga de los derechos de explotación de una tecnología necesaria para la salud pública tenga una capacidad limitada de fabricación, distribución o explotación, como es el caso de las patentes de esta vacuna.

Para evitar estas situaciones, en España tenemos los artículos 95 y 96 de la Ley de Patentes (Ley 24/2015), por los que se pueden regular mediante el Reglamento (CE) n.º 816/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, por tanto, esta situación requiere de una decisión a nivel europeo y Bruselas han acogido con frialdad la propuesta de liberalizar la patente de las vacunas.

¿Qué ocurre en España?

Tal y como explican desde el Servicio de Información y Noticias Científicas, las patentes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), como institución pública de investigación, son patrimonio del Estado.

"El CSIC transfiere los derechos de explotación de sus patentes a empresas, contribuyendo así al desarrollo del tejido industrial del país y a la creación depuestos de trabajo de calidad, y mejorando además la calidad de vida del ciudadano", recuerda Javier Maira.

El CSIC, desde el inicio de la pandemia, ha priorizado en sus acuerdos de licencia que sus tecnologías covid-19 lleguen a la sociedad, y que cubran la posible demanda de cualquier país. Para ello se está trabajando en la medida de lo posible con licencias no exclusivas, o en condiciones que permitan cubrir la demanda tanto nacional como internacional.

Cuando el desarrollo de la tecnología requiere de elevadas inversiones por parte de la empresa privada, asumiendo ésta riesgos considerables, estas condiciones no son tan sencillas de conseguir.