La rebelión de las togas tras el caso Mari Luz

Una protesta histórica y sin precedentes en la Justicia española. Los jueces y magistrados se echaron a la calle para decir “basta” ante las numerosas carencias con las que a diario ejercen su trabajo. El detonante de la rebelión de las togas no fue otro que la sanción de 1.500 euros impuesta al entonces titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, por el retraso en la ejecución de una condena al presunto asesino de la pequeña Mari Luiz Cortés. La reacción del Gobierno a esa multa, pidiendo una sanción mayor para el magistrado sevillano, que los jueces consideraron como una injerencia a las competencias disciplinarias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fueron la espoleta que se propagó rápidamente por la web interna que utilizan los jueces y magistrados.

Ese fue el inicio del denominado “espíritu del 8 de octubre”, que toma su nombre del día en el que un juez colgó el primer correo electrónico con un llamamiento a sus compañeros para adoptar una actitud más reivindicativa, en consonancia con las protestas que había convocado el cuerpo de secretarios judiciales para rechazar la suspensión de empleo impuesta a la secretaria Juana Gálvez también a raíz de los errores del caso Mari Luz. De la protesta concreta por la sanción al juez Rafael Tirado, los magistrados pasaron a reivindicar al Gobierno la falta de medios y de personal, así como la implantación inmediata de la nueva oficina judicial, y que la facultad para señalar los juicios continuase en poder de los magistrados. Entre las reivindicaciones de los jueces también figuraba en un lugar destacado la incorporación a los juzgados de las nuevas tecnologías, algo que según los magistrados podría haber evitado los errores del caso Mari Luz: intercomunicación de las bases de datos judiciales, interconexión informática entre los juzgados de distintas comunidades y el establecimiento de un sistema de alerta en materias especiales sensibles. Por último, los magistrados también reclamaban al Gobierno una revisión en profundidad de la actual planta judicial, creando o suprimiendo cuántos órganos fuesen necesarios para realizar una distribución equitativa del trabajo, y establecer la carga máxima de asuntos que de forma razonable puede asumir cada órgano, dado que en muchos casos los módulos fijados por el CGPJ están desfasados.

Todas estas reivindicaciones dieron lugar a dos huelgas de jueces, que se celebraron los días 18 de febrero y 8 de octubre. La primera concentración fue seguida por un tercio de los jueces y magistrados del país, mientras que la segunda, convocada únicamente por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de carácter conservador y mayoritaria en la carrera judicial, tuvo una incidencia menor, aunque paró una cuarta parte de los magistrados.

En Andalucía, la primera huelga de los jueces en su historia fue secundada por 217 de los 730 magistrados en ejercicio, lo que supone un 29,2% del total, si bien la cifra era superior porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no incluyó en la estadística de jueces en huelga a aquellos magistados que, aunque dijeron que secundaban el paro, asistieron a sus despachos aquella jornada. El alto tribunal andaluz estimó que, en esos casos, no podía entenderse que habían secundado la huelga. Sea como fuere, la histórica protesta del 18-F provocó la suspensión en Andalucía de 463 vistas y actuaciones que habían sido señaladas para celebrar esa jornada.

La segunda jornada de huelga, que tuvo lugar el 8 de octubre, fue seguida por el 20,91 por ciento de los jueces andaluces.

En el caso de Sevilla, que estaba en el foco de atención por el caso Mari Luz, los jueces respondieron de forma masiva a la convocatoria. La participación de la primera protesta fue del 27,2 por ciento -42 de los 154 jueces- pero según los convocantes la participación superaba el 40 por ciento, puesto que no se habían tenido en cuenta a los magistados que secundaban el paro pero estaban en su despacho.

Entre los magistrados que aquel día acudieron a su destino se hallaba el propio Rafael Tirado, quien no obstante se había mostrado a favor de la huelga en un correo electrónico enviado a una compañera. Varios meses después de que el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confirmara la sanción de 1.500 euros al juez Rafael Tirado por los errores en la ejecución de la condena al pederasta Santiago del Valle, el magistrado solicitó el traslado de la jurisdicción penal y, en la actualidad, está destinado en un órgano de lo contencioso-administrativo.

De aquella protesta surgieron nuevos contactos entre el Ministerio de Justicia y las asociaciones de jueces para profundizar en la modernización de la Justicia.