En solo dos años la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (Ucoma) del Seprona ha destapado un fraude a Hacienda de casi 12,5 millones de euros por tráfico de gases fluorados, ha detenido a 130 personas y ha incautado 175 toneladas de gas. Son datos de una actuación pionera de la Guardia Civil para poner coto a este delito.

Los gases fluorados, los HFC, o de efecto invernadero, se usan para refrigeración, proceden en su mayoría de China y sustituyen a los que ya están prohibidos por destruir la capa de ozono.

Y como los HFC contribuyen al calentamiento global, la Unión Europea ha impuesto cuotas a su importación y distribución, como recuerda a EFE el comandante de la UCOMA Carlos Astrain.

España, un país "atractivo" para el mercado negro

España se ha convertido en un país "atractivo" para las redes que trafican con estos gases. En primer lugar porque debido a su clima, es un mayor consumidor de los HFC. Y en segundo lugar porque es el único estado de la UE, junto con Dinamarca, que ha establecido un impuesto especial a este producto.

Debido a esa alta imposición, las redes que trafican con gases han visto en ello un suculento negocio, ya que compran el gas en China a un precio bajo y la venden en el mercado negro sin pagar el impuesto correspondiente.

Por eso, a las organizaciones les resulta muy lucrativo, ya que el consumidor final puede comprarles el gas bastante más barato que en el mercado legal. Por ejemplo, pagarían 600 euros por una botella en lugar de los 1.000 que les costaría en el circuito legal.

"El margen de beneficio en el mercado negro en España es mucho mayor", recalca Astrain antes de señalar que esto provoca un "embudo" y "todo lo que se esté importando ilegalmente a través de la frontera que sea de la Unión Europea, acaba en España".

Puede producirse, y de hecho se produce, un segundo fraude, que es declarar que el gas que se distribuye tiene un potencial de contaminación bajo (se mide en CO2) cuando en realidad es alto y estaría prohibida su venta o más limitada su importación.

2019: la denuncia de los "legales" y el inicio de las investigaciones

Fue en 2019 cuando la Guardia Civil inició una pionera investigación sobre este tráfico, hasta entonces casi inédita.

El Seprona recibió denuncias del sector "legal" en relación a una competencia desleal por distribuidores que se "saltaban" el impuesto, vendían el gas a precio más bajo e, incluso, lo ofertaban en determinadas páginas web.

La UCOMA comenzó a recabar datos e información y elaboró un primer informe de inteligencia estratégica que remitió a la Comisión Europea que interesó a la UE, hasta el punto de que dentro de las líneas estratégicas de cooperación en la lucha contra la criminalidad, el llamado EMPACT, se incluyó el tráfico de gases.

Una información que la UCOMA remitió a las diferentes comandancias de la Guardia Civil para que comenzaran a investigar, siempre de la mano de la Agencia Tributaria.

No fue fácil, porque se trataba de un delito apenas "tocado" en la vía judicial y difícil de encajar en el Código Penal, sobre todo en lo relacionado con la contaminación. Finalmente, las operaciones policiales han dado sus frutos penales y, de hecho, ya hay detenidos para los que los jueces ordenaron prisión.

2022: Operación Marum, el mayor golpe al tráfico de gases

Tras más de dos años de un trabajo de inteligencia, la Guardia Civil explota la Operación Marum. Más de 200 agentes participan en junio de ese año en un dispositivo que se salda con 110 toneladas de gas incautadas, valoradas en 11 millones de euros, más de 40 detenidos (6 de ellos fueron a prisión) y varios investigados.

Como dijeron en su día los responsables de la operación, los gases tenían un alto efecto contaminante equivalente a las emisiones de dióxido de carbono de 15 millones de vehículos durante 100 kilómetros y podrían fundir 75.000 metros cuadrados del casquete del Polo Norte.

Lo que constaron los investigadores es que el gas llegaba de China a Valencia y que la red, con un complejo entramado empresarial, lo distribuía en 15 provincias españolas a pesar de que habían declarado que se exportaba a Rusia y Ucrania a través de las fronteras de Estonia, Letonia, Rumanía Italia, Polonia, Bulgaria...

Pero lo cierto es que el gas no salía de España y se almacenaba en una nave de Albacete para su distribución.

La red "perfeccionó su 'modus operandi'", como se detectó en una inspección de Aduanas, explica Astrain, pero finalmente fue desarticulada.

El comandante de la UCOMA precisa que estas redes están vinculadas con otros delitos. Así, el cabecilla de la desmantelada en "Marum" había sido investigado por tráfico ilícito de vehículos robados y tráfico de precursores para la elaboración de drogas.

Actividades ilícitas en las que se necesitan "ciertos conocimientos aduaneros", al menos para las dos primeras, apostilla Astrain.

Además, años antes había sido detenido en Girona procedente de Ucrania con 20 tarjetas SIM.

Viajes semanales de ida y vuelta a Lituania

Otra de las operaciones más importantes tuvo su origen en una página web que llevó a los investigadores hasta Ayamonte (Huelva), donde un grupo de lituanos contaban con una furgoneta en la que, bajo la apariencia de una distribución de comida, traían semanalmente gas de su país, adonde entraba desde China.

Cada jueves llegaba el vehículo a la nave, descargaba entre 200 y 300 botellas de gas fluorado y la vendían a los consumidores, también a algunos que se desplazaban desde Portugal.

Durante el registro del vehículo, los agentes comprobaron que introducían bolsitas de marihuana -que cultivaban- de un peso de entre 100 y 200 gramos en latas de conserva para disimular aún más y las transportaban de vuelta a Lituania.

Todo el dinero que ingresaban por la venta lo sacaban inmediatamente y se lo llevaban en efectivo a Lituania en la misma furgoneta..

Y como su volumen de pedidos crecía, montaron un centro de distribución en Marchamalo (Guadalajara).

Para "blanquear" su actividad, montaban Empresas de Trabajo Temporal (ETT) para temporeros del campo.

La operación acabó con nueve detenidos.