Google paga más de 200 millones en una semana para cerrar dos demandas colectivas

Google ha acordado esta semana desembolsar 203 millones de dólares para cerrar dos demandas colectivas que exponen las costuras de un modelo de negocio construido sobre la recopilación masiva de datos.

Dos casos distintos pero entrelazados, con el foco en un mismo asunto: la privacidad del usuario como moneda de cambio en el campo de la publicidad dirigida.

Recopilación de datos móviles en Android

El más reciente de los acuerdos, presentado el pasado martes ante un tribunal federal de California, compromete a la compañía de Mountain View a pagar 135 millones de dólares para zanjar las acusaciones de usuarios de Android que denunciaban la recopilación de sus datos móviles sin consentimiento.

Según la demanda, el sistema operativo de Google consumía datos móviles (que los usuarios habían comprado a sus operadoras) incluso cuando las aplicaciones estaban cerradas, cuando habían desactivado el uso compartido de ubicación o cuando sus dispositivos permanecían bloqueados.

Conversión: la apropiación indebida de una propiedad ajena

La acusación no se limitaba a señalar una práctica intrusiva: los demandantes alegaban que estos datos alimentaban el desarrollo de productos de Google y sus campañas publicitarias, constituyendo lo que en términos legales se conoce como "conversión", es decir, la apropiación indebida de una propiedad ajena.

Glen Summers, abogado de los demandantes, aseguró en documentos judiciales que este pago de 135 millones es el mayor desembolso registrado en un caso de conversión, con indemnizaciones limitadas a un máximo de 100 dólares por usuario afectado.

Google deberá modificar sus prácticas

Como parte del acuerdo, que requiere aprobación judicial y afecta a usuarios de dispositivos Android desde noviembre de 2017, Google deberá modificar sus prácticas: no podrá transferir datos sin obtener consentimiento explícito durante la configuración inicial del teléfono, facilitará la desactivación de estas transferencias mediante un simple interruptor y revelará estas prácticas en los términos de servicio de Google Play.

"Nos complace resolver este caso, que tergiversaba las prácticas estándar del sector que mantienen la seguridad de Android", declaró José Castañeda, portavoz de Google, que niega cualquier irregularidad pese a aceptar el acuerdo millonario.

La primera demanda

Apenas cuatro días antes, el 23 de enero, Google había cerrado otro capítulo de vigilancia no consentida: 68 millones de dólares para resolver las acusaciones relacionadas con Google Assistant.

En este caso, los usuarios denunciaban que el asistente de voz grababa y difundía conversaciones privadas, sin su conocimiento o consentimiento, cuando supuestamente interpretaba de forma errónea palabras cotidianas como las órdenes de activación "Hey, Google" u "OK, Google", los denominados falsos positivos.

Estas grabaciones accidentales, según la demanda, eran posteriormente utilizadas para enviar publicidad dirigida a los usuarios, afectando a quienes adquirieron dispositivos Google o experimentaron estos falsos positivos desde mayo de 2016.

El consentimiento informado

Dos acuerdos en una semana que revelan un patrón inquietante: el gigante tecnológico que prometió no hacer el mal parece haber convertido la recopilación sistemática de datos en su razón de ser, incluso cuando ello implica cruzar las líneas del consentimiento informado.

Que haya accedido a pagar, en dos ocasiones, pone en entredicho las afirmaciones de Google negando cualquier irregularidad.

No es la primera vez que la compañía debe responder económicamente por prácticas cuestionables de privacidad: el año pasado acordó pagar cerca de 1.400 millones de dólares al estado de Texas por rastreo ilegal de la ubicación de usuarios.

Por mucho que los titanes tecnológicos prometan revoluciones digitales y transformación social, sus modelos de negocio descansan sobre una infraestructura de vigilancia que convierte cada interacción, cada movimiento, cada palabra susurrada cerca de un dispositivo, en un activo comercializable. La innovación, en definitiva, cede terreno ante la monetización de la intimidad.