Google zanja con un acuerdo de 68 millones de dólares una demanda por grabar con su Asistente a los usuarios sin consentimiento

La compañía resuelve así una denuncia colectiva de propietarios de smartphones, altavoces domésticos, portátiles, tablets, reproductores Chromecast e incluso auriculares inalámbricos

Bruselas abre dos procedimientos a Google para 'ayudarla' a cumplir la normativa digital

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Logo de Google / Filip Singer, EFE

Ni habían pulsado ningún botón en su dispositivo ni habían pronunciado los habituales "OK, Google" o "Hey, Google", pero aun así el Asistente se activaba y grababa conversaciones privadas, sin el conocimiento ni el consentimiento de los usuarios.

El caso se remonta a 2021 e ilustra una de las facetas más inquietantes de la era digital: los dispositivos diseñados para obedecer nuestras órdenes terminan espiando nuestra intimidad.

Google ha alcanzado un acuerdo de 68 millones de dólares (unos 57 millones de euros) para zanjar una demanda colectiva de afectados (propietarios de teléfonos inteligentes, altavoces domésticos, portátiles, tabletas, reproductores Chromecast e incluso auriculares inalámbricos) que descubrieron el presunto espionaje al recibir anuncios personalizados sobre temas que solo habían mencionado en conversaciones privadas: asuntos financieros, laborales o decisiones personales.

El pacto, presentado la semana pasada ante el tribunal federal de San José (California), aguarda aún la aprobación de la jueza Beth Labson Freeman.

La compañía no ha admitido responsabilidad alguna y justifica el acuerdo como una forma de evitar "la incertidumbre, el riesgo, el gasto, las molestias y la distracción" de un litigio prolongado. Una fórmula diplomática que se repite con (demasiada) frecuencia en Silicon Valley.

Activaciones accidentales o escuchas sistemáticas

El núcleo del caso reside en lo que los demandantes llaman "falsas aceptaciones": situaciones en las que Google Assistant malinterpretaba fragmentos de conversación como palabras de activación.

En su decisión de 2021, la jueza Freeman consideró que los usuarios habían demostrado tener "una expectativa razonable de privacidad" al utilizar sus dispositivos. Y añadió un matiz clave: aunque Google explicaba en su política de privacidad cómo recopilaba información para publicidad dirigida, "no informaba suficientemente a los usuarios de que utilizaría grabaciones realizadas en ausencia de activación manual o de una palabra clave".

La cifra del acuerdo se distribuirá entre las compensaciones a consumidores, los honorarios de abogados y los costes administrativos. Los usuarios podrán reclamar por hasta tres dispositivos, aunque el importe individual dependerá del número de reclamaciones presentadas.

Como referencia, el acuerdo similar alcanzado por Apple en diciembre de 2024 por 95 millones de dólares está generando pagos de entre 8 y 40 dólares por persona.

Precedentes

Este episodio se inscribe en una serie de casos que cuestionan las prácticas de privacidad de las grandes tecnológicas y que afecta a casi cualquier dispositivo electrónico que se conecte a internet, no solo los teléfonos móviles (cámaras de seguridad, televisores, robots aspiradores...).

Apple resolvió en 2021 una demanda prácticamente idéntica relacionada con Siri por 95 millones de dólares, tras acusaciones de que su asistente grababa conversaciones privadas que luego compartía con terceros para generar publicidad personalizada.

El año pasado, Google ya había pagado cerca de 1.400 millones de dólares al estado de Texas para resolver demandas sobre rastreo ilegal de ubicación.

También en España

Más recientemente, en España, la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha llevado a Google ante los tribunales por la recopilación masiva y no consentida de datos de hasta 37 millones de usuarios de Android.

La denuncia, sustentada en un informe pericial del profesor Doug Leith del Trinity College de Dublín, documenta cómo la compañía recopilaba información sobre aplicaciones utilizadas, llamadas, ubicaciones y actividad física sin conocimiento de los usuarios, un caso que añade un capítulo europeo a esta narrativa global de vigilancia tecnológica.

Los asistentes de voz

Los asistentes de voz habitan una zona gris entre lo útil y lo invasivo. Las compañías tecnológicas insisten en que estas herramientas solo se activan intencionadamente, pero las demandas judiciales sugieren que la realidad es considerablemente más difusa.

Y, si al cóctel añadimos la publicidad, la incomodidad crece aún más.

El acuerdo de Google no cierra el debate sobre hasta dónde llega la capacidad de escucha de nuestros dispositivos conectados, pero da un argumento más a quienes piensan (pensamos) que todos esos cacharros que nos rodean en nuestra vida diaria, ya sea en el trabajo o, lo que es peor, en casa, nos escuchan y recopilan, analizan y, en última instancia, venden a terceros lo que van aprendiendo de nosotros.

De paso, confirma otra cosa que hace mucho que también sabemos: que la promesa de comodidad y avance tecnológico a veces se paga con renuncias a la privacidad y la seguridad.

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