La UE multa a X con 120 millones de euros por engañar con el verificado y ocultar datos publicitarios

La Comisión Europea ha impuesto este viernes una multa de 120 millones de euros a la red social X por incumplir varias de sus obligaciones de transparencia bajo la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), la gran norma con la que la Unión Europea quiere ordenar el ecosistema digital. Es la primera sanción formal bajo este nuevo marco legal y afecta directamente a una de las plataformas más influyentes y polémicas del panorama global.

Con ella, la Unión Europea entra en una nueva fase de confrontación directa con las grandes plataformas tecnológicas. Una confrontación que ya no es solo jurídica, sino también política, económica y geoestratégica.

La decisión amenaza con reavivar las tensiones entre Bruselas y Washington, después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, haya acusado a la UE de "atacar a las empresas americanas".

El 'check azul', en el centro de la sanción

El principal reproche de Bruselas es el uso "engañoso" del distintivo de verificación. Desde que Elon Musk adquirió Twitter en 2022 y lo transformó en X, el símbolo del check azul dejó de estar ligado a una verificación real de identidad para convertirse en un servicio de pago.

Para la Comisión, esto rompe el principio de transparencia y engaña al usuario, que ya no puede distinguir con facilidad si una cuenta pertenece a una persona real, a una institución legítima o a un impostor.

Bruselas advierte de que este modelo multiplica el riesgo de estafas, suplantaciones de identidad y operaciones coordinadas de manipulación, en un entorno donde cada vez más decisiones políticas, sociales y económicas se libran en las plataformas digitales.

"El diseño engañoso del check azul dificulta que los usuarios juzguen la autenticidad de las cuentas y de los contenidos con los que interactúan", sostiene el Ejecutivo comunitario. Aunque la DSA no obliga a verificar la identidad de los usuarios, sí prohíbe atribuir falsamente ese estatus cuando no existe un proceso real de comprobación.

El mensaje implícito es claro: las redes pueden innovar en su modelo de negocio, pero no pueden alterar unilateralmente las reglas básicas de la confianza pública.

Publicidad opaca y obstáculos a los investigadores

Los otros dos grandes reproches -la falta de transparencia del repositorio publicitario y los obstáculos al acceso de los investigadores- apuntan al núcleo del poder de las plataformas: el control de los flujos de información y de los datos.

La Comisión considera que el repositorio publicitario de X incumple de forma grave los estándares de transparencia exigidos por la ley europea. Según Bruselas, no es fácilmente accesible ni buscable y, además, carece de información esencial como el contenido de los anuncios, su temática o la identidad legal de quien los financia.

Para la Comisión, los repositorios publicitarios son una herramienta básica de salud democrática, ya que permiten identificar con claridad quién paga los anuncios, sobre qué tratan y con qué objetivos, lo que facilita la detección de fraudes, campañas de desinformación o injerencias políticas.

A esto se suman barreras técnicas y retrasos en el acceso que, según Bruselas, "socavan la propia finalidad" de estos archivos, que deben servir para detectar estafas, campañas de desinformación, amenazas híbridas y operaciones coordinadas de influencia.

El tercer gran incumplimiento afecta al acceso de los investigadores a los datos públicos de la plataforma. X prohíbe en sus condiciones de uso que los académicos accedan de forma independiente a los datos, incluso mediante técnicas de scraping, y establece procesos que Bruselas considera innecesariamente restrictivos.

Esto, según la Comisión, impide analizar riesgos sistémicos dentro de la Unión Europea y limita el análisis académico de fenómenos como la polarización, el discurso de odio, la manipulación electoral o la amplificación artificial de contenidos.

Plazos y advertencias a la plataforma

X dispone ahora de 60 días laborables para comunicar a la Comisión qué medidas adoptará para poner fin al uso engañoso del check azul. En cuanto al repositorio publicitario y al acceso a datos para investigadores, tendrá 90 días laborables para presentar un plan de actuación.

Ese plan será evaluado por el Consejo de Servicios Digitales durante un mes, tras lo cual la Comisión dispondrá de otro mes para fijar su decisión final y un calendario de aplicación. Si la empresa no cumple, podrá enfrentarse a multas coercitivas periódicas.

Bruselas subraya que la cuantía de la sanción se ha fijado teniendo en cuenta "la naturaleza de las infracciones, su gravedad en términos de usuarios afectados y su duración". Bajo la DSA, las multas pueden llegar hasta el 6% de la facturación anual global de una compañía.

Una investigación que sigue abierta

El procedimiento contra X se abrió el 18 de diciembre de 2023 y fue el primero lanzado formalmente bajo la DSA. En julio de 2024, la Comisión ya había presentado conclusiones preliminares. Sin embargo, esta multa solo cierra una parte del expediente.

Siguen abiertas las pesquisas sobre la difusión de contenidos ilegales, la eficacia de las medidas contra la manipulación informativa y otros aspectos relacionados con el diseño algorítmico de la plataforma. En paralelo, la Comisión mantiene investigaciones activas contra Tik Tok, Meta y la plataforma china de comercio electrónico Temu.

Bruselas niega censura y defiende la proporcionalidad

Desde Bruselas se insiste en que los 120 millones de euros son una cifra "proporcionada". No es una sanción de impacto devastador para una gran plataforma global, pero sí tiene un peso simbólico enorme: es la demostración de que la DSA no es una ley decorativa.

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, ha sido tajante: "Engañar a los usuarios con verificaciones falsas, ocultar información publicitaria y excluir a los investigadores no tiene cabida en internet en la UE. La DSA protege a los usuarios, permite detectar amenazas y restaura la confianza en el entorno digital".

Virkkunen insistió en que la multa no persigue castigar con dureza, sino hacer cumplir la ley: "No estamos aquí para imponer las multas más altas, sino para garantizar que nuestra legislación se aplica. Si cumples las normas, no eres sancionado".

Es decir, que la UE quiere dejar clara su voluntad de disciplinar a las grandes plataformas, incluso cuando eso implica enfrentarse a gigantes tecnológicos con enorme influencia internacional.

La portavoz jefa de la Comisión, Paula Pinho, reforzó este mensaje frente a las críticas desde EEUU: "Esto no tiene nada que ver con la censura. Simplemente aplicamos nuestras leyes".

Choque con Estados Unidos

La sanción ha provocado una reacción inmediata desde Washington. Antes incluso de hacerse pública, el vicepresidente JD Vance criticó en X los "rumores" sobre la multa y afirmó que la UE "debería apoyar la libertad de expresión, no atacar a las empresas estadounidenses por tonterías". Elon Musk respondió a su mensaje con un escueto: "Muy apreciado".

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la Administración estadounidense ha endurecido su discurso contra la regulación digital europea. El Gobierno de EEUU ha llegado a vincular la relajación de aranceles al acero con una suavización de las normas digitales y ha ordenado incluso una ofensiva diplomática contra la DSA y la Ley de Mercados Digitales (DMA). Pese a ello, la Comisión insiste en que ejerce su "derecho soberano" a regular su propio mercado.

El Gobierno estadounidense lleva tiempo presentando la normativa digital europea como una amenaza para la libertad de expresión y para los intereses económicos de sus empresas. Desde Bruselas, la respuesta es la línea roja de siempre: no se trata de censurar contenidos, sino de exigir transparencia, responsabilidad y trazabilidad.

Es un choque de modelos: el de la autorregulación empresarial, dominante durante años en Silicon Valley, frente al de la regulación pública europea. Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, este conflicto ha dejado de ser técnico para convertirse en un pulso abiertamente político y comercial, en el que la tecnología se mezcla con aranceles, diplomacia y estrategias de poder.

Tik Tok evita la multa, pero sigue bajo la lupa

El mismo día de la sanción a X, Bruselas cerró sin multa el expediente preliminar contra Tik Tok por su repositorio publicitario, después de que la plataforma aceptara introducir cambios en su diseño. No obstante, la red social china sigue bajo investigación por otros posibles incumplimientos, al igual que Meta.

Un portavoz de Tik Tok reclamó que las reglas se apliquen "de forma equitativa y coherente" a todas las plataformas.

Un precedente clave para la era digital europea

El caso X no afecta solo a una empresa. Afecta a todo el ecosistema y marca un antes y un después en la aplicación real de la Ley de Servicios Digitales. No solo es la primera sanción bajo esta norma, sino también una prueba de fuego para la capacidad de Bruselas de hacer frente a gigantes tecnológicos.

El verdadero desafío no será tanto imponer sanciones como resistir las presiones diplomáticas cuando entren en juego las grandes firmas estadounidenses y los intereses estratégicos entre bloques.