En esta semana posreferéndum muchos profesores de Derecho Constitucional nos hemos sentido un poco pitonisos porque no hemos parado de responder preguntas que nos hacían los medios de prensa y los amigos sobre qué va a pasar con el desafío independentista catalán y cómo debería afrontarlo el Estado. Así que le hemos dado vueltas a las distintas soluciones técnicas para responder a una declaración unilateral de independencia, que se pueden reducir a tres opciones: recurrirla ante el Tribunal Constitucional (como propone el PSOE), usar el artículo 155 de la Constitución para intervenir la Generalitat y convocar elecciones (Ciudadanos) y aplicar la Ley de Seguridad Nacional (como parece que prefiere el PP). En cualquier caso, se produzca esa declaración o no, lo cierto es que se está difundiendo la idea de que una vez que se haya restablecido el orden constitucional en Cataluña (bien de grado o por fuerza) se hace necesario afrontar una reforma de la Constitución para modernizar el Estado autonómico y lograr una aceptable integración de Cataluña y de todos los demás territorios de España durante otros cuarenta años.

Como especialista en Derecho Constitucional encantado de tener la oportunidad histórica de asistir a un proceso de reforma constitucional, no voy a ser yo el que diga que la Constitución del 78 tal y como está -o con un par de retoques- podría seguir cumpliendo perfectamente su función de integración a poco que los actores políticos le demostraran algo de afecto y lealtad, como sucede con la Constitución de Estados Unidos de 1787, la más antigua constitución del mundo, que no se reforma desde 1992. No, como explicó hace casi un siglo el sociólogo William Thomas, lo que las personas consideran real es real en sus consecuencias y ya buena parte de la clase política y de la opinión pública considera que es necesario una reforma en serio de la Constitución. Pongámonos, entonces, manos a la obra; discutamos, por ejemplo, si la propuesta del PSOE de subir un grado la autonomía para instaurar un Estado federal en el que se defina a España como una nación de naciones tendría la capacidad de integrar a los nacionalistas catalanes y vascos, sin afectar al mismo tiempo a la igualdad de los ciudadanos; o si, por el contrario, sería solo una bomba de relojería colocada en el centro mismo de nuestro sistema normativo.

Pero antes de empezar esta discusión sobre lo que sería conveniente introducir en la Constitución, me parece muy útil echar un vistazo a nuestro pasado y ver algunos errores que convendría evitar. Para mí, que el primer error de los constituyentes fue no realizar ellos mismos el mapa autonómico y dejar perfectamente configurado en la Constitución de 1978 el reparto territorial del poder político. Escribo "error" porque no se me ocurre otra palabra mejor y quizás al utilizarla estoy siendo injusto con los padres constituyentes, que no pudieron hacer otra cosa. Digamos que uso "error" en un sentido técnico, sin el más mínimo reproche, simplemente para señalar que al no fijar constitucionalmente cuáles serían las Comunidades Autónomas y cuáles serían sus competencias, sino que diseñaron distintos procedimientos para que las nacionalidades y regiones accedieran a la autonomía, originaron un proceso de emulación permanente, de no quedarse detrás del vecino, que ha llevado a la reforma continua de los Estatutos de Autonomía con un perverso efecto centrífugo. Por tanto, páctese el Estado federal, la mención especial a Cataluña en una disposición adicional (como ya tienen el País Vasco, Navarra y Canarias) o cualquiera otra fórmula de las que los partidos o los especialistas han propuesto, pero que sea una fórmula cerrada, no un compromiso para abrir una segunda ronda de negociaciones particulares entre cada Comunidad y el Estado poco después de aprobar la reforma constitucional, que ya sabemos que sólo lleva a la insatisfacción permanente porque unos quieren ser más y los otros no quieren ser menos. Páctese algo que podamos votar todos los españoles y no una patada adelante (perdón, quería decir un compromiso apócrifo).

Podría seguir el desarrollo lógico para abordar otros errores (como el hecho de que no haya un quórum mínimo de participación para aprobar los referendos, o que no esté constitucionalizado el recurso previo contra los Estatutos que vayan a ser refrendados por los ciudadanos) pero prefiero concentrarme en un tema más concreto sobre el que me han preguntado bastantes amigos: ¿debería el Estado recuperar las competencias de educación? La pregunta, lógicamente, lleva implícita la idea de que la Generalitat ha usado esa competencia para difundir el nacionalismo entre los jóvenes. Pero me temo que la respuesta no puede ser afirmativa porque va contra la lógica federal, no ya porque si estamos pensando un nuevo pacto constitucional es para darle más competencias a las Comunidades y no menos, sino porque en todos los Estados federales del mundo la enseñanza está en manos de los entes subestatales. Tampoco parece muy viable crear una red de colegios estatales paralela a la autonómica, como permitía la Constitución republicana de 1931. ¿Entonces no hay solución para evitar el adoctrinamiento en los colegios públicos? A mi juicio, sí caben diversas soluciones, empezando por una que sé polémica: España debería de importar el sistema danés (un país tan admirado por tirios y troyanos) de cheque escolar, de tal forma que fueran los padres los que recibieran directamente de los poderes públicos la financiación de sus hijos y así podrían elegir el centro, público o privado, que consideraran más adecuado para la educación de sus hijos. Siempre la libertad individual es un buen remedio contra la tiranía -real o supuesta- colectivista.