La defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán ha pedido a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que reclame al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla el informe de la dirección general de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad sobre las ayudas concedidas en el período 2001-2011 por este organismo estatal, así como las declaraciones de las dos ex altos cargos de ese ministerio que han declarado como investigadas en la pieza de las ayudas a los mineros de la Faja Pirítica de Huelva.

El abogado José María Mohedano destaca que esta documentación "tiene mucha relevancia para la defensa" de Griñán y "en general para todos los acusados porque puede alumbrar y aclarar muchos extremos sobre el llamado procedimiento específico para la concesión de ayudas y también para el carácter y naturaleza de las ayudas que son objeto de este procedimiento".

Mohedano pide a la Sala que se incorpore el informe de la Dirección General de Empleo que reconoce que el Estado concedió "directamente" y sin concurso público entre 2001 y 2011 un total de 220 ayudas que alcanzan un global de unos 300 millones de euros -oscilando las mismas entre unos 13.000 euros y los 22 millones-, al igual que se investiga en el caso de los ERE fraudulentos.

El director general de Empleo, Javier Thibault Aranda, explica en ese informe que la concesión de las ayudas extraordinarias durante esos diez años se realizó en los supuestos y condiciones que se establecen en la orden ministerial de 5 de abril de 1995, que "no contemplaba la realización de concurso público alguno para la concesión de dichas ayudas", "razón por la cual la entonces dirección general de Trabajo tramitó todas estas solicitudes por el régimen de concesión directa".

La defensa de Griñán también ha solicitado que se incorporen a la causa los informes y diligencias de investigación realizadas por la Guardia Civil en torno a la Faja Pirítica, y también las declaraciones de las dos ex altos cargos del gobierno de Aznar imputadas en esta pieza de la macrocausa de los ERE. Se trata de las declaraciones de Soledad Cordova, ex directora general del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y de Carmen de Miguel, ex secretaria general de Empleo.

Cordova -que ocupó el cargo entre 1991 y 2004- declaró como investigada el pasado 17 de octubre. La juez María Núñez Bolaños le preguntó en concreto si consideraba que la actuación de la Administración andaluza y de la Administración estatal en la concesión de este tipo de subvenciones -sin ningún tipo de concurrencia pública y de manera excepcional-, incurría "en algún tipo de ilegalidad". La respuesta de Soledad Cordova fue contundente: "Para nada. Se han aplicado estrictamente los criterios de la orden de 1995. Estas ayudas, que son de aplicación directa, estaban perfectamente encardinadas dentro de la ley de subvenciones".

La juez insistió: "¿Quiere usted decir que el marco legal es el mismo?". "Puede ser, claro, es que la concesión de este tipo de ayudas de aplicación directa puede hacerlo la Junta de Andalucía" porque tiene "plenas competencias en materia laboral".