Entre las facturas pendientes con proveedores que la extinta sociedad ACM (Alcalá Comunicación Municipal) tenía cuando se iba a liquidar y que obligaron al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra a transferir más de 440.000 euros en diciembre de 2012, hay más de 72.000 a una empresa constructora y más de 20.000 con varios restaurantes (Zambra Alcalá, 6.628 euros; y Hacienda Caridad, 10.783), empresas de catering y provedores de cervezas y bebidas.

Así consta en un listado de más cien facturas de 2006 a 2011 que la Policía Judicial ha incluido en la primera ampliación de su informe, realizado a instancias de la Fiscalía de Dos Hermanas, sobre las supuestas anomalías contables que está investigando el Juzgado de Instrucción número 2 de Alcalá.

El informe no entra a analizar el contenido de las mismas, sólo las adjunta. No obstante, lo hace en el apartado en el que subraya los resultados negativos que desde 2008 tenía la sociedad -y que obligaron a su liquidación por la nueva normativa- e incide en los adelantos de las transferencias o las compensaciones que el Ayuntamiento tenía que hacer periódicamente para restablecer el equilibrio financiero tras la celebración de las actividades que se le encargaban. Son ejemplos de, "en el mejor de los casos, la muy deficiente gestión de esta empresa municipal", sentencia el Equipo de Delitos Económicos.

Consultadas al respecto, fuentes del gobierno local socialista insistieron en lo que vienen manteniendo desde que estalló este caso y que la oposición pone en duda: que las cuentas de ACM están "auditadas", que todos los pagos son legales, aunque puedan ser cuestionados desde otro punto de vista y están relacionados con los eventos que se organizaban.

La constructora que aparece lleva también viveros y se hizo con un contrato de parques y jardines del Ayuntamiento, por ejemplo."Otra cosa es que se pueda cuestionar esa forma de hacer política o de gestión", algo que los ciudadanos valorarán en las elecciones, apuntaron, e incidieron en que pese a que un evento o feria internacional, como las que organizaba ACM (que además de la gestión de medios y comunicación, se encargaba de la imagen, promoción y desarrollo de Alcalá) conllevara pérdidas, se tenía en cuenta la repercusión en la imagen de Alcalá fuera y otros efectos.

Estas facturas aparecen en el mismo documento de la Policía Judicial que vincula directamente la extinta ACM con la sociedad Innovar, en la que se ha integrado toda la plantilla, incluidos el director gerente, el coordinador y el contable, a los que los agentes relacionan con las presuntas irregularidades. Esas facturas en restaurantes que se tuvieron que abonar antes de la liquidación no son las únicas que constan en la investigación. También constan otras 25, que suman más de 3.600 euros, que presentó entre 2009 y 2011 en ex gerente José Luis Díaz en el Rincón de Bernardo, varias al mes, con a lo sumo cinco comensales, normalmente menos, por comidas en las que se consumían vinos caros y licores y a las que el ex contable, Javier Luque, se refirió, presuntamente, en la grabación que consta en el juzgado en las que habla de las anomalías que ha originado la investigación. Esas anomalías consistirían en el pago de facturas que no tenían que ver con la actividad directa de ACM, incluidos algunos gastos personales, entre otras.

En el mismo informe, la Guardia Civil insiste en que, según considera, varios miembros de la Corporación municipal estarían al tanto de esas presuntas irregularidades o habrían sido informados en un momento dado y advierte que, de confirmarse las anomalías, incurrirían también en responsabilidades si no lo denunciaron o tomaron medidas, dentro de sus responsabilidades, para atajarlas.