Casi cinco años después de la entrada en vigor de la ley de dependencia, convertida por el PSOE en bandera de su modelo de política social, el Defensor del Pueblo andaluz continúa recibiendo quejas de posibles beneficiarios sobre los retrasos en los que se ven envueltos sus expedientes, de hasta más de un año desde que presentaron la solicitud. La Junta polemiza y afirma que cumple con el plazo de seis meses previsto por la ley.

En una resolución a la que tuvo acceso esta redacción, la institución presidida por José Chamizo se hace eco de la denuncia de una mujer de 90 años y con ceguera que en mayo de 2010 presentó la solicitud y que a fecha de la resolución, mediados de septiembre de 2011, desconocía aún el grado de dependencia y la posible ayuda.

El Defensor considera que esta queja ejemplifica "la importante demora que acompaña al procedimiento de reconocimiento de la condición de dependiente y derechos a las prestaciones del sistema". Chamizo afirma que el incumplimiento para resolver las dos fases del procedimiento -valoración y dictamen- "viene siendo habitual, y se justifica por las administraciones intervinientes con argumentos más o menos entendibles que usualmente confluyen en la carga de trabajo por el gran número de expedientes". Sin embargo, para el Defensor "el lapso de tiempo no tiene justificación".

Llama la atención de la institución que "la demora se acumula en un único trámite de la primera fase del proceso, hasta el punto que se hace preciso el transcurso de más de un año desde la presentación de la solicitud hasta que se lleva a cabo la valoración".

Esta mujer pidió una ayuda en mayo de 2010. En agosto fue valorada por personal sanitario del Servicio Andaluz de Salud y no es hasta el 14 de febrero cuando la valoradora de la Unidad de Trabajo Social (UTS) se persona para efectuar su cometido. La mujer había estado ingresada en ese intervalo de tiempo dos veces (trombosis venosa profunda y neumonía) y la valoradora decide posponer el examen hasta que la situación de la mujer sea "estable y permanente".

En junio la delegación de Igualdad en Sevilla "se limita a explicar" que el expediente se encuentra asignado a otra valoradora, porque la mujer cambió de domicilio a una residencia, "por lo que en breve concertaremos nueva cita y procederemos a valorar su situación de dependencia". La visita se llevó a cabo a mediados de junio, pero en septiembre aún no se había dictaminado resolución.

El Defensor concluye que la ceguera inicialmente fundamentada ya es de por sí suficiente para al menos entrar en el sistema y recurrir si no estaba de acuerdo con la resolución o solicitar una revisión si se agravaba su estado después. "Ha transcurrido más de un año desde que se formuló la solicitud sin que haya recaído resolución sobre el grado y nivel de dependenci. La mujer precisará de otro período no inferior para la elaboración del programa individual de atención, demorándose injustificadamente el acceso a las prestaciones que pudieran corresponderle", concluye el Defensor.

Fuentes de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social señalaron que este caso es "excepcional".