La inspección detecta fallos en un 2,3% de residencias y en un 7% de ayudas en casa

Los inspectores de servicios sociales de la Junta de Andalucía detectaron el pasado año anomalías que dieron lugar al inicio de expedientes sancionadores en el 2,3% de las residencias de mayores que visitaron y en el 7% de los domicilios en los que familiares reciben una paga económica para el cuidado de dependientes. Asimismo, de las 166 actuaciones inspectoras en unidades de estancia diurna de mayores, el 1,7% de los casos derivaron en un expediente sancionador. Estos datos fueron ofrecidos ayer en rueda de prensa por la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero. La consejera ya presentó este balance, al menos en un par de ocasiones, en mayo.

El resultado final del plan de inspección de servicios sociales en 2012 recoge 76.596 actuaciones (2.423 en centros y 74.173 en domicilios). Con estos resultados la Junta quiso lanzar un mensaje de tranquilidad sobre el estado en el que se presta atención a la población más vulnerable, señaló Montero, frente "a lo que se publica, que suelden ser casos singulares".

En los centros (mayores, discapacitados, drogodependientes, mujeres...) se incoaron 48 expedientes sancionadores de las 2.423 visitas, el 1,9% del total. Una de ellas derivó en una medida cautelar (una residencia concertada en Fuentevaqueros que finalmente fue clausurada).

De éstas, en residencias de mayores se llevaron a cabo 501 visitas y se propuso sanciones para una decena, el 2,3%. La Consejería no facilitó el listado ni el informe del plan de inspección más allá de los datos ofrecidos por Montero.

Los motivos que llevaron a la apertura de estos expedientes fueron condiciones de accesibilidad, incumplimientos de las condiciones materiales y de funcionamiento de los centros, y también falta de higiene y malnutrición, reconoció la consejera.

La Junta también ha realizado una encuesta entre 2.759 usuarios de estos centros y, según los resultados ofrecidos, el 96% de los mayores dicen estar contentos con la institución en la que residen, el 97% dice que reciben un trato digno por parte del personal y el 98% contesta que la higiene y el aseo personal son adecuados. Similares porcentajes ofrecen los usuarios de los centros de día.

Mayor fue el porcentaje de anomalías en el control de las ayudas a dependientes en el entorno familiar (la paga económica). Se supervisaron 47.155 casos y se consideraron correctos 43.854, el 92,9%. ¿Que pasó en los restantes? Montero explicó a preguntas a los periodistas que los inspectores detectaron que ése no era la ayuda que necesitaba el dependiente, o avisaron de que las condiciones de habitabilidad de los domicilios no eran las adecuadas.

Pese a que los datos ofrecidos fueron más positivos en los centros que en la ayuda en las casas de los familiares, la consejera defendió una vez más la valía de la paga económica (más del 55% de los beneficiarios de la ley de dependencia en Andalucía tienen esta prestación, que el texto de la ley considera excepcional) y censuró las críticas que recibe. Según sus datos, el 82% de los beneficiarios están satisfechos con la atención de la persona cuidadora y el 99,4% presenta un buen estado considerando su situación.

Las visitas domiciliarias se completaron con otras 17.102 a usuarios del servicio de ayuda a domicilio. El 85% considera cubiertas sus necesidades básicas con la atención recibida. Además, el 92,5% recomendaría este servicio a otras personas en la misma situación, expone el balance del plan de la Consejería de Salud.

A tenor de los resultados de las inspecciones y las encuestas, la consejera apostó por no caer en la "autocomplacencia" y señaló que hay "áreas a estimular", entre las que citó el impulso a la implantación de sistemas de calidad, la formación de profesionales conforme al modelo de gestión por competencias y la correcta implantación de los planes de autoprotección en la totalidad de los centros.

Montero manifestó que la "vocación" de la Junta es seguir manteniendo el sistema actual, pero advirtió que "no será posible si el Gobierno central se retira de su financiación".