Los expedientes tramitados por el Servicio Andaluz de Defensa Legal para mujeres en caso de discriminación laboral ascendieron en 2008 hasta 265, lo que supone un incremento del 32% respecto al año anterior, que se saldó con 190 denuncias. La causa principal de estos expedientes fueron relativos a conflictos por maternidad.

La secretaria de Mujer de CCOO de Andalucía, Antonia Martos, realizó ayer balance del trabajo realizado durante el pasado año por el Servicio Andaluz de Defensa Legal para Mujeres, puesto en marcha en 1997 en virtud de un convenio de colaboración entre CCOO y el Instituto Andaluz de la Mujer. Martos explicó que la mayoría de los expedientes tramitados en 2008, un total de 220 (84%), se deben a asuntos relacionados con la maternidad, de los cuales 107 corresponden a despidos, por lo que "la maternidad sigue siendo el freno para que la mujer esté en igualdad de condiciones en el mundo laboral".

Respecto al acoso sexual en el lugar de trabajo se han llevado a cabo en Andalucía 19 denuncias, mientras que sólo una obedece a acoso moral, lo que, en su opinión, significa que "las trabajadoras aún tienen miedo a denunciar" estas cuestiones, por lo que el objetivo es "erradicar este tipo de actitudes en las empresas a través de campañas de sensibilización e información".

Por provincias, Málaga fue la que ha registrado más denuncias de discriminación laboral con 76 expedientes, seguida de Sevilla (58); Córdoba (43); Almería (35); Granada (19); Cádiz (15); Huelva (11) y Jaén (8).

Este servicio también ofrece asesoramiento social y laboral a todas las personas que lo deseen y en 2008 ha gestionado 1.729 consultas. De hecho, tal y como destacó Martos, hubo hasta 81 consultas realizadas por hombres interesados en solicitar el permiso por paternidad.

CCOO también apuntó que la crisis económica está afectando mucho a la mujer, principalmente a la inmigrante, ya que la mayoría de los empleos se concentran en la construcción, en el que la mujer sólo representa un 7%.

El Programa de Servicio de Defensa Legal se desarrolla mediante convenios de colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer con las centrales sindicales Unión General de Trabajadores y CCOO.

Se trata de un servicio gratuito de defensa jurídica y procesal para las mujeres que sufren discriminación laboral por razón de género, atendido por letradas que intervienen en todas las actuaciones del proceso judicial cuando el caso lo requiere.

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