LA verdad es que no son pocas las lecciones que se deberían extraer del proceso y el desenlace que ha tenido el referéndum sobre la independencia en Escocia. En primer lugar, la enorme participación que se ha alcanzado (84,5%) pone de relieve la utilidad de este tipo de mecanismos de democracia directa para conocer, sin paliativos ni especulaciones, la posición de una sociedad sobre un tema clave que le afecta. Cosa distinta es que esa opinión responda verdaderamente a la voluntad libremente conformada de los ciudadanos, o por el contrario haya sido previamente condicionada por los instrumentos mediáticos al servicio del poder político, sea del que convoca dicho referéndum, sea de quien se opone a sus objetivos.

El caso es que resulta paradójico que el éxito popular de este instrumento de participación política posiblemente no haya hecho sino contribuir a su desactivación para el futuro. De un lado, por el riesgo para una clase política, que representa también a la ciudadanía en las instituciones de la democracia parlamentaria, ante lo imprevisible de sus resultados; de otro, por la división y polarización que produce en la sociedad, cuando se radicalizan en exceso los planteamientos y se genera una grave frustración en una parte importante de aquélla, obviamente la que resulta vencida en la consulta.

A propósito de esto último, conviene recordar que en el proceso de creación de Andalucía se incumplieron claramente las condiciones impuestas por la Constitución para la creación de una comunidad autónoma de primera categoría (artículo 151), evitando que quedaran frustradas las aspiraciones de la mayoría de los andaluces. Que nadie se rasgue, pues, las vestiduras si desde Cataluña nos recuerdan que se tuvo que modificar la ley de referendos, para dar así una cierta cobertura jurídica, escasamente constitucional, a la solución política del grave problema creado en la provincia de Almería.

Sin embargo, la principal lección que, en mi opinión, revela el referéndum de Escocia sería la conexión que puede existir entre las demandas soberanistas y las reivindicaciones de carácter social y económico de la sociedad en la que se propone un proyecto de secesión territorial. Sencillamente, parece que un nivel adecuado de satisfacción en los derechos y las prestaciones ligadas al Estado de bienestar neutraliza, o puede atenuar al menos, la generación de sentimientos independistas entre ciudadanos que, hasta hace poco, no cuestionaban su pertenencia al Estado de origen ni el principio de unidad nacional. Hacia esta fórmula apunta desde luego la solución propuesta por el Gobierno británico desde la primera encuesta favorable al sí. Su oferta supone un proyecto constitucional -casi revolucionario en un país con una histórica trayectoria de centralismo- para la configuración de un auténtico modelo federal aplicable a todo el Reino Unido. Pero ese objetivo requiere la imprescindible adjudicación de competencias y poderes a unas instituciones representativas y próximas a la ciudadanía para responder a esas demandas sociales.

Se trata de poner el federalismo, como forma de organización política y territorial, al servicio tanto de las legítimas aspiraciones identitarias o nacionalistas como del derecho de los ciudadanos a obtener una adecuada calidad de vida, algo que le puede garantizar mejor un Estado comprometido con el bienestar de la sociedad. La lección de Escocia consiste en realidad en un aviso a navegantes. La inmovilidad constitucional no parece que sea la mejor receta para hacer frente a una sociedad dinámica que aflora no sólo en las manifestaciones y cadenas humanas de signo nacionalista, sino en la aparición de nuevas fuerzas políticas que empiezan a canalizar la representatividad de una sociedad castigada por la crisis. La cohesión territorial se va a garantizar mejor mediante la articulación de una organización política fuertemente descentralizada y al mismo tiempo comprometida con el bienestar de la sociedad.

De todo esto sabemos sin duda en una España donde la Constitución abrió la puerta a la implantación de un tipo de Estado que, sin ser exactamente federal, podría homologarse y encajar en buena medida en esta categoría. Sin embargo, el reto que plantea Cataluña, y no sólo su Gobierno o los partidos nacionalistas catalanes, requiere una respuesta que profundice en el autogobierno territorial. Obviamente el único modelo constitucional para ello es un federalismo, asimétrico seguramente y con concesiones una vez más a determinados territorios, pero sin dejar de ser solidario y esencialmente social en sus objetivos. Por esa razón Andalucía, como sociedad y como entidad política, no puede quedar al margen de lo que va a venir irremediablemente en el futuro.

No hay otra explicación más convincente al hecho, contrastado estadísticamente, de que en Cataluña haya muchos más independentistas que nacionalistas.