EL magistrado más famoso de la Justicia española, Baltasar Garzón, se encuentra a unos días de ser suspendido como juez de la Audiencia Nacional por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Será la consecuencia inevitable de su procesamiento por el Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación, que habría cometido al investigar los crímenes cometidos durante el franquismo sin tener competencias para ello, obviando el principio de irretroactividad penal y la Ley de Amnistía General aprobada por las Cortes democráticas en 1977, que perdonó estos y otros delitos de raíz política. Esta es la conclusión a la que ha llegado el juez instructor de la causa contra Garzón, abierta por denuncias de Falange Española (heredero del partido que vertebró el régimen dictatorial de Franco), el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la organización Libertad e Identidad, a la que la Fiscalía se ha venido oponiendo por no encontrar indicios delictivos en la actuación de Baltasar Garzón. La pena prevista contra éste puede ser la inhabilitación especial para empleo o cargo público por un periodo de entre diez y veinte años. La ideología de los querellantes, la trayectoria de Garzón (enfrentado a numerosos jueces) a caballo entre la actividad política y la judicial y su megalomanía se han aliado para cortar en seco la carrera de un magistrado que cuenta con muchas simpatías nacionales e internacionales por su firmeza en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y por su iniciativa de encausar al ex dictador chileno Augusto Pinochet. Quizás la personalidad singular del magistrado de Jaén explica que la acusación que pesa sobre él sea la de prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) y a cualquier otro juez se le haría un reproche penal menor y de consecuencias no tan graves. En todo caso, se debe respetar la sentencia que pronuncie el Tribunal Supremo, que probablemente suponga el final de la carrera de Garzón, quien aún ha de ser enjuiciado en otros dos procedimientos que se le siguen, por cobro de fondos irregulares y por escuchas ilegales. Es penoso que un magistrado con su trayectoria pueda terminar así.