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Rafael Padilla

Pensiones: no se sostienen

21 de noviembre 2010 - 01:00

NO hay peor ciego que el que no quiere ver. Mantenemos una confianza candorosa en logros que soñamos definitivos y que, sin embargo, se sustentan en cimientos altamente inestables. Acaba de afirmar Pedro Schwart que "el sistema público de pensiones va camino del precipicio". No dice nada novedoso: el aumento de la esperanza de vida de la población española, la conformación de nuestro mercado de trabajo y la disminución radical de cotizaciones nos encaminan a la quiebra del modelo. Tan grave es la situación que probablemente ya no sea suficiente ni con la adopción de medidas urgentes y óptimas.

Así, al menos, lo indican los economistas Rubio-Ramírez, Díaz-Giménez y Díaz Saavedra, quienes en un esclarecedor artículo publicado en Nada es gratis, el blog de Fedea, analizan los posibles escenarios y calculan dos fechas fatídicas para cada uno de ellos: cuándo el sistema registrará el primer déficit -es decir, cuándo el montante de las cotizaciones de los trabajadores será menor que el de ingresos de los pensionistas- y cuándo se agotará el Fondo de Reserva. En la primera hipótesis (no se realiza ninguna reforma), el primer déficit llegará en 2016 y el Fondo de Reserva se agotará en 2026. A partir de ahí las pensiones habrán de ser sufragadas con otros recursos, fiscales principalmente, que aporten la diferencia, para lo que, en 2050, tendremos que tener un impuesto al consumo del 47,8%. En la segunda (la que propugna el Pacto de Toledo, ampliar el periodo de cálculo de las pensiones de 15 a 20 años), el primer déficit llegaría en 2017 y el final del Fondo en 2029, alcanzando el impuesto al consumo, en 2050, el 46,4%. En la tercera (ampliar el periodo de cálculo en el mismo plazo y retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, lo que unifica los proyectos del Gobierno y del Pacto), 2027 y 2037 serían las fechas respectivas, y eso a pesar de que la pensión media caería en un 10% y de que habría que instaurar un esfuerzo impositivo del 37,6%. En la cuarta y última hipótesis (retrasar la edad de jubilación a los 67 y ampliar, al tiempo, a toda la vida laboral el cálculo de la Base Reguladora, lo que hoy por hoy ningún partido político está dispuesto a defender), las cosas no cambian sustancialmente: en 2028 se produciría el primer déficit, en 2042 el Fondo de Reserva llegaría a cero, el esfuerzo fiscal se cifraría en un 31,3% y, lo que es peor, la pensión media caería en un 26,4%.

Queda, claro, otra alternativa, compleja en el tránsito y absolutamente diferente: evolucionar hacia un sistema de capitalización en el que cada trabajador ingrese, para sí mismo, el dinero que termine constituyendo, aunque sea sólo en parte si se decide mixto, su propia prestación. Algo impensable, me temo, mientras que la ciudadanía se niegue a aceptar la evidente agonía de un estado del bienestar que galopa, deprisa y sin pausa, hacia su irremediable colapso.

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