La Fiscalía de Sevilla se mantiene al margen de los acuerdos alcanzados por la Junta de Andalucía y varios ayuntamientos de la provincia para poner freno a la proliferación de construcciones sin permisos en sus términos municipales. Dichos pactos pasan por la realización de un inventario detallado de las edificaciones levantadas en áreas no urbanizables, estudiar su legalización y, en caso contrario, dejar constancia de su existencia en los PGOU, pero siempre al margen del ordenamiento urbanístico.

Esta última circunstancia ha hecho albergar en muchos propietarios de estas viviendas, alentados en algunos casos por los alcaldes, la esperanza de que podrán legalizarlas en el futuro, librándose así de la amenaza de la piqueta. De hecho, con el fin de acelerar la realización de los citados censos, muchos dueños están elaborando y entregando a los ayuntamientos las "fichas" con los detalles de sus viviendas a fin de incorporarlas a los citados censos.

Fuentes de la Fiscalía sevillana de Medio Ambiente admitieron ayer que conocen los términos de esos acuerdos entre la Junta y los ayuntamientos porque la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio se los ha comunicado, si bien se desvinculan de ellos.

"El cumplimiento de la legalidad no es algo discrecional o una cuestión de oportunidad política", indicaron ayer a las citadas fuentes, que apuntaron que toda actuación delictiva "será perseguida por la Fiscalía".

La situación de buena parte de las viviendas construidas en suelo no urbanizable es para los ayuntamientos y la propia Junta de Andalucía de "alegalidad", si bien el Ministerio Público insiste en que no entra en este debate. "No vamos a hacer la vista gorda porque tenemos que perseguir el delito grande y el pequeño", afirmaron.

Hasta el momento, la Administración autonómica ha suscrito con los consistorios sevillanos de Castilblanco de los Arroyos, Pilas, El Cuervo, Guillena, Lora de Estepa y Arahal acuerdos para la realización de los citados diagnósticos de situación.

Los criterios que se evaluarán para determinar el futuro de las casas, según la Consejería de Vivienda, serán su ubicación física exacta (en suelo rústico, paraje natural...), su situación legal (con licencia, denunciada o no...) y su utilización (vacía, primera residencia o segunda residencia). En función de esas variables, los ayuntamientos optarán por condenarlas a la demolición, legalizarlas -algo muy complejo- o situarlas en el limbo del "fuera de ordenamiento", a la espera de una oportunidad.