Al mes, el primer tropiezo. El nuevo alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que fue investido como regidor el pasado junio, no ha esperado ni siquiera cuatro semanas para, probablemente de forma involuntaria, sin llegar a medir del todo las consecuencias políticas, abrir de facto un proceso oficioso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que va a condicionar tanto su imagen como gobernante como el balance de su gestión en el presente mandato.

La iniciativa, que en el programa electoral de los populares únicamente estaba esbozada, evitando tácticamente tener que entrar en detalles comprometedores, ha cobrado intensidad política después de que el propio Zoido anunciara hace unos días que antes de finales del presente mes de julio la multinacional Ikea, de origen sueco, tendría una solución sobre la mesa ante los problemas que sufría su plan de instalación en los terrenos de San Nicolás Oeste, junto al aeropuerto de San Pablo. El alcalde no explicó cuáles eran estas dificultades. Tampoco dijo si, con el PGOU en la mano, que es la máxima normativa urbanística de Sevilla, tenían fácil encaje legal. Se limitó a garantizar una respuesta inmediata y efectiva, lo que hizo pensar que la apertura de la tienda estaba en peligro por falta de espacio.

La realidad era completamente distinta. Tal y como explicó en exclusiva este diario, el problema reside en que la división inmobiliaria de la compañía sueca -Inter Ikea Center Group- exige que se le asignen más de 41.000 metros cuadrados de edificabilidad (una superficie similar a la que ocupa en Los Remedios el solar de la fábrica de Altadis) para desarrollar una operación privada de corte inmobiliario que le permita abrir su tienda a coste cero (en una mínima parte de la superficie total) a cambio de vender a terceros operadores todos los espacios comerciales restantes. El PGOU garantiza sobradamente la instalación de Ikea, pero tiene fijado un tope máximo del 49% para los usos comerciales complementarios en los suelos productivos. La razón: su objetivo no es que San Nicolás Oeste sea un enorme centro comercial, sino una especie de polígono empresarial para las compañías de servicios avanzados. 

La posición del nuevo gobierno local es favorable al proyecto de Ikea. Sin condiciones, además. El alcalde lo justifica amparándose en unos datos de creación de empleo teóricos. Zoido ha anunciado además que está dispuesto a "abrir el PGOU" las veces que sea necesario para "ponerle una alfombra roja y dar tratamiento vip" a las empresas. Dada la envergadura de la operación, sin embargo, la revisión del Plan General no es competencia municipal, sino autonómica. De la Junta. El propio presidente regional, José Antonio Griñán, se posicionó esta semana en contra del dogma de Zoido. 

La postura municipal no entra a evaluar en ningún momento de qué tipo de actividad empresarial se trata. De hecho, la recalificación de Ikea -término que el PP evita y sustituye por el de "modificación puntual"- vendría a recortar el espacio disponible para la instalación de empresas tanto en San Nicolás como (si se hace de forma genérica, la única opción legal posible) en el resto de los nuevos crecimientos urbanos de Sevilla. El PP está decidido a apostar por el sector inmobiliario como única opción de revitalización económica -relativa, en todo caso- y por ahora obvia cualquier otro tipo de proyecto empresarial alternativo. 

El efecto llamada no ha tardado en producirse: además de Ikea, ya han solicitado negociar la multinacional Imperial Tobacco -dueña de la marca Altadis-, los dos clubes de fútbol de la ciudad -Betis y Sevilla- y la patronal de la construcción de Sevilla, Gaesco, que tiene en cartera todo un rosario de modificaciones del Plan General para adecuar una normativa que nunca les gustó -dado su enfoque social- a la nueva etapa municipal, mucho más favorable a sus posicionamientos. Tanto que el lobby de los constructores tiene previsto celebrar este jueves una reunión cerrada con el nuevo equipo urbanístico del PP. 

Con Altadis también se está negociando ya. Según desveló el propio regidor, en el caso de Ikea se han celebrado seis reuniones. Esta noticia contrasta llamativamente, e incluso resulta contradictoria, con el pacto institucional que ofreció el regidor a los grupos de la oposición nada más empezar a gobernar para fijar una posición institucional común.

Los equipos de fútbol también quieren recalificaciones. El Sevilla formuló abiertamente sus intenciones por boca de su presidente. El Betis, en una visita institucional a la Alcaldía, hizo lo propio admitiendo de forma expresa que necesitan una nueva recalificación para obtener ingresos con los que poder terminar su estadio y solventar su situación financiera. El urbanismo, en lugar de ser una herramienta de cohesión social, vuelve a ser utilizado como un mecanismo para hacer dinero. De cara a la opinión pública, esta opción política se justifica siempre con la creación de empleo. Las pretensiones del Betis y el Sevilla son muy llamativas si se tiene en cuenta que el anterior ejecutivo local ya rubricó con ambos en 2003 una recalificación a la carta sobre cada uno de sus estadios. De nuevo recurren a la misma vía (apropiarse de las plusvalías urbanísticas colectivas) para solventar sus problemas de gestión.

Gaesco tiene otro enfoque. Más ambicioso. La patronal de la construcción trabaja desde hace tiempo en una doble dirección: a nivel autonómico, dentro de la negociación relativa a las modificaciones de la ley andaluza de ordenación urbanística, y en el ámbito local. La primera propuesta ya está sobre la mesa: incrementar las densidades residenciales en todas las zonas de nuevos crecimientos de Sevilla para poder construir más viviendas de las permitidas por el Plan General, que calculó un colchón superior a las 55.000 residencias. Su tesis: el mercado no demanda pisos del tamaño previsto en el PGOU (entre 70 y 100 metros) y es necesario construir viviendas mucho más pequeñas, obviando además el stock residencial existente. Tal  planteamiento obvia un factor: la comercialización de estos pisos dejará una mayor rentabilidad a los promotores, aunque siempre y cuando cambie la actual coyuntura inmobiliaria, ahora supeditada a la falta de créditos hipotecarios.

Gaesco, por así decirlo, lo que pretende es sembrar ahora -introduciendo este debate en la agenda política municipal e intentando obtener algún compromiso del PP- aunque la cosecha no sea inmediata, sino a medio plazo. El motivo: las inmobiliarias esperan que el mercado se reactive cuando mejore la situación económica y los bancos vuelvan a conceder créditos. Una especie de hipotético retorno a la burbuja inmobiliaria de 2007.