Un juzgado de Sevilla ha admitido a trámite la querella de una inmigrante boliviana que acusa a la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de varios delitos, por haber acordado la retirada de la custodia de sus tres hijas con informes que incluían datos "falsos" respecto a que maltrataba a las menores, que tenía antecedentes penales y que ejercía la prostitución. La querella relata las "continuas amenazas y torturas" de los servicios de Protección para que firmara un documento de reconocimiento de los hechos, a cambio de no retirarle a una nieta recién nacida, una actuación que califica de "tortura psicológica". La denuncia se dirige contra el delegado provincial de Igualdad en Sevilla, Manuel Gálvez, así como contra la jefa del servicio de Protección de Menores, Inmaculada Dugo, los miembros de un equipo técnico de este mismo servicio y varias trabajadoras sociales, y considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delitos de falsedad en documento público, prevaricación, torturas y abandono de menores.

La boliviana D. C. V., llegó a Sevilla en 2003, donde trabajaba en el sector de la limpieza a domicilio simultaneándolo con la atención de ancianos, trabajos que le permitieron salir adelante pero sin poder regularizar su situación, motivo por el cual, unido a su pluriempleo, sufrió una crisis de ansiedad que le hizo acudir a los servicios de Salud Mental en diciembre de 2006, donde se le diagnosticó un síndrome depresivo reactivo a su situación.

Cuando no podía cumplir con sus pagos, recurría, por indicación de los vecinos, a los servicios sociales municipales y a Cáritas para recibir ayudas puntuales. Ante estas dificultades económicas, la inmigrante envió a sus tres hijas -de 6, 11 y 14 años- internas en un centro religioso hasta junio de 2006, fecha en la que las dos mayores volvieron con ella y la menor fue enviada a un convento de las Hermanas de la Cruz de Umbrete.

El 23 de marzo de 2009 la Junta declaró el desamparo provisional por unos supuestos malos tratos y retiró a la menor del convento donde cursaba sus estudios con regularidad y con buenas notas, mientras que las otras dos chicas, para evitar ser separadas de su madre, se escaparon del instituto y se refugiaron en su casa. La boliviana fue remitida a los servicios sociales del Ayuntamiento, a la Unidad de Trabajo Social (UTS) Macarena, donde otra trabajadora social le empezó a "sugerir e intimidar" para que entregase a sus hijas en adopción, sobre todo la pequeña -que estaba con las hermanas de la Cruz-, lo que desembocó en una nueva discusión en la que esta trabajadora social le habría dicho: "Ya verás como te quito a tus hijas...".

La resolución que decretaba el desamparo provisional de la Junta afirmaba de la madre que padecía una inestabilidad emocional -con fuertes cambios de humor-, relataba dos agresiones a una de las niñas y recogía una denuncia realizada en la Policía tras detectar a las menores con aspecto "de haber consumido algún tipo de sustancia suministrada por la madre".

La querella asegura que los informes de la UTS Macarena y de la trabajadora social de Cáritas alteraron la verdad de los hechos, "creando una situación ficticia e irreal para sustentar un procedimiento de desamparo y cumplir" las supuestas amenazas de retirada de las hijas. Según la denunciante, antes de que se dictara esta resolución, con fecha 25 de febrero de 2009, ya se había solicitado plaza para las hijas de la inmigrante y todo ello "sin haberse comprobado nada de los hechos que motivaron el acuerdo de inicio del expediente".

Durante la tramitación del expediente, una de las menores, la de 14 años, se quedó embarazada y dio a luz una niña en junio de 2009, lo que motivó un segundo incidente que recoge la querella, según el cual las trabajadoras sociales indicaron a la boliviana que la recién nacida iba a ser declarada en desamparo, salvo que ésta firmase un "reconocimiento implícito de los hechos falsos que motivan el expediente", a lo que la madre se negó. El día en que fue citada la madre en la Consejería para firmar el documento de reconocimiento de hechos, los servicios sociales acudieron al hospital para retirar al bebé, aprovechando que la abuela dejaba sola a la hija y a la nieta para acudir a la citación, teniendo que recurrir la menor de 14 años "al sacerdote del hospital para bautizarla antes de que se la llevasen" todo ello para ganar tiempo.

En febrero de 2011, la Justicia devolvió la tutela de sus hijas a la mujer boliviana, pero, desde el desamparo, la Junta "abandonó a su suerte" a las niñas, "desatendiéndose de sus necesidades básicas". Entre las falsedades que se incluyeron en la resolución se cita el haber dado por cierto que existe un informe clínico sobre la madre, que ésta se dedicaba a la prostitución o la imputación de las dos agresiones a la mayor de las hijas, cuando en realidad sólo existió una agresión que se produjo a las puertas del instituto, realizada por otra niña y que fue grabada en un móvil por otro alumno.