Cajasol no está dispuesta ni a parar los trabajos del rascacielos que promueve en el extremo sur de la Isla de la Cartuja ni a rebajar su altura. Pese a las recientes presiones de la Unesco y del Ayuntamiento de Sevilla para que se interrumpan las obras de este edificio diseñado por César Pelli, la entidad financiera estima que ya ha realizado una inversión económica demasiado alta como para cambiar ahora de rumbo. Fuentes cercanas a la entidad aseguraron ayer a este periódico que ya se han desembolsado unos 27 millones de euros en impuestos y tasas municipales, a los que habría que sumar unos 9 millones de euros por la licencia de obras. En total, las arcas del Ayuntamiento de Sevilla, que ahora pretende que se rebaje la altura de la torre, ha recibido unos 35 millones de euros del proyecto. Asimismo, estas fuentes señalan que ya se han gastado 10 millones en honorarios a profesionales que han intervenido en la construcción de la torre y que, cada día que la obra esté paralizada, costará unos ocho millones de euros.

Además, desde Cajasol se piensa que la Unesco no le retirará el sello de Patrimonio Mundial al conjunto formado por Alcázar, la Catedral y el Archivo de Indias si todas las administraciones implicadas (Consistorio, Junta y Estado) se emplean a fondo en la defensa de la torre.

Sin embargo, los lazos entre el Ayuntamiento de Sevilla y Cajasol no están rotos, como prueba la creación de una comisión de trabajo para decidir el futuro del rascacielos. Así lo decidieron el alcalde, Juan Ignacio Zoido, y el presidente de Cajasol, Antonio Pulido, durante la reunión que mantuvieron durante más de dos horas en el Ayuntamiento, en lo que supuso una primera toma de contacto entre ambas entidades después del informe de la Unesco que aconseja la paralización de las obras en altura ante el impacto negativo del edificio en la percepción de la zona monumental sevillana y recomienda la revisión del proyecto.

Por el momento, los trabajos seguirán con "absoluta normalidad", como expuso Antonio Pulido al término de su encuentro con Zoido. Las obras avanzan a un ritmo de una planta por semana, aproximadamente, y ya se han alcanzado los 63 metros de altura.

"En absoluto están en peligro estos monumentos", insistió Pulido, que defendió la "seguridad jurídica" del proyecto y la legalidad de los trabajos. "Los intereses de la ciudad son los mismos que los de Cajasol y esta obra supone una fuerte inversión para la ciudad y la creación de 2.000 empleos".

Después de que el gobierno local anunciara el viernes su intención de paralizar la obra tras recibir el informe de la Unesco, el alcalde explicó este lunes que no tomará ninguna medida cautelar hasta escuchar las alegaciones de Cajasol al informe de la Unesco. Zoido abogó por incluir a las otras dos administraciones, Junta y Estado, en la comisión que decidirá el futuro de la torre. El alcalde confirmó que la licencia de obras otorgada a Cajasol durante el pasado mandato es legal y que, por tanto, se impone la necesidad de encontrar una solución consensuada entre las tres administraciones y la propia entidad.

Antes de su reunión con Pulido, Zoido trasladó el asunto al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, con el que mantuvo un encuentro horas antes de verse con el presidente de Cajasol.